Carmelo Aquino, uno de los residentes que observa diariamente el progreso desde su vivienda, describió que la construcción avanza de manera “manual”, con máquinas que se limitan a excavar, mientras que el resto de la estructura de hormigón y hierro se realiza “a pulmón”.
Calculó que si se sigue a este ritmo, se avanzaría “apenas 100 metros por cada un año”.
Sergio Castro, vecino de la calle Juan XXIII, por donde pasan las alcantarillas en proceso de construcción, aseguró que en la zona “se trabaja de manera súper irresponsable”.
Contó que recientemente un sector de cemento “se desplomó dos veces”, lo cual impidió que los vecinos pudieran transitar.
El poblador indicó que hay columnas de tendido eléctrico en situación inestable, que podrían caer ante una lluvia intensa.
También manifestó su preocupación por la falta de medidas preventivas, señaló que el entorno frente a su casa se volvió sumamente peligroso para los niños y las mascotas del barrio.
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A la peligrosidad de la obra se suma un creciente sentimiento de inseguridad y abandono.
Los vecinos reportan que la iluminación es escasa durante la noche, situación que facilitó inclusive enfrentamientos armados.
Castro relató que recientemente un guardia de la empresa a cargo de la obra, en este caso el Consorcio Pluvial Santos, tuvo que realizar disparos para repeler un intento de asalto.
Por su parte, la pobladora Liliana Arce, coordinadora de la comisión vecinal Manora, mencionó que se ha visto obligada a solicitar presencia policial de agentes de la comisaría décima.
Basuras, agua sucia y mosquitos
Los vecinos también manifestaron que la calidad de vida se deterioró notablemente, apuntando a los servicios básicos y el peculiar aumento en la cantidad de mosquitos.
“Hay más mosquitos. El arroyo antiguamente, como corría todo el tiempo, nunca había. Ahora el agua se estanca y genera esta cantidad de mosquitos”, dijo uno de los vecinos.
Con la tala de árboles que se realizó en la zona, disminuyó la cantidad de depredadores, como aves y otros animales, que mantenían los procesos naturales en el área del arroyo.
Otro elemento que se volvió crítico es la acumulación de basura. Sobre Nuestra Señora del Carmen casi Capitán Maciel, se observan contenedores llenos de basura, acumulados desde hace inclusive semanas, según los vecinos.
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La obra de desagüe también afectó al suministro de agua. Los vecinos reportaron que actualmente la presión disminuyó, y que el líquido suele salir sucio, aún cuando atraviesa por un proceso de purificación a través de filtros.
A todo esto hay que sumar las complicaciones generadas por la alteración de la rutina y el paso de las familias.
Atendiendo al estado intransitable de las calles, el sitio no es apto para el paso de los niños ni tampoco de las personas de la tercera edad.
En general, los pobladores manifiestan que deben estacionar sus vehículos a varios metros de sus residencias, con el riesgo de que sufran rayones o robos.
Afortunadamente, de acuerdo a los testimonios recogidos, este tipo de casos solo se registraron al inicio de las obras.
Por si todo esto fuera poco, entre los vecinos también existe el temor de que las obras se detengan en el proceso por falta de pago. Esto, atendiendo a la situación de crisis financiera por la que atraviesa la Municipalidad de Asunción.
Recientemente, el intendente, Luis Bello, debió recurrir a un préstamo de G. 184 mil millones para afrontar los pagos de salarios y aguinaldo de los más de 9.000 funcionarios que integran la Municipalidad.
Aunque los vecinos aseguran que pueden lidiar con los inconvenientes siempre y cuando se avancen con las obras, apuntaron que solicitarán un descuento por los impuestos.
“Nos van a presionar con los impuestos, ya se nos alzó y queremos solicitarles que nos hagan un descuento, porque con estas obras no merecemos pagar G. 7, 8 o 9 millones”, refirió una de las pobladoras.
La obra de desagüe de la cuenca Santo Domingo, es una de las 8 que debían pagarse con el bono G8 (2022, G. 360.000 millones), dinero que fue desviado por la administración de Óscar Nenecho Rodríguez para pago de salarios y otros gastos irregulares, según el informe de la intervención.
