El sistema de salarios públicos y la carrera del servicio civil representan dos caras de una misma moneda. En Paraguay, su análisis revela tensiones entre el modelo clientelista heredado históricamente y que persiste, y los intentos por implementar un sistema profesionalizado y basado en resultados al aprobar leyes, pero que finalmente no se cumplen. El creciente nivel de gasto público para el mantenimiento del servicio civil exige eliminar el sistema clientelar, de manera que los funcionarios públicos garanticen su compromiso con la sociedad y con los planes y programas que se dirigen a garantizar sus derechos.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la Situación Financiera de la Tesorería General correspondiente al mes de setiembre, los gastos en salarios y remuneraciones del sector público ascienden ya a G. 16,9 billones o unos USD 2.389,2 millones al cambio promedio actual. Dicho monto representa un incremento de 9% comparado con el mismo periodo del año anterior (2024), lo que en términos absolutos sería de G. 1,3 billones (USD 196 millones) más.
En ese total solo se incluyen salarios básicos y otros tipos de remuneraciones, por lo que a los costos del servicio civil hay que agregarles otros gastos públicos, como los seguros de salud y ambulancia contratados con el sector privado o las transferencias en efectivo, dependiendo de la entidad para el mismo fin. A los salarios y bonificaciones se agregan el déficit de la Caja fiscal, los beneficios extrasalariales como los del servicio de salud privados o transferencias en efectivo, dependiendo de la entidad y las capacitaciones que incluyen pagos por los cursos, pasajes y viáticos para la mejora de la gestión, ya que muchas veces son en el exterior.
Un esquema salarial coherente es el sustento material que hace posible una carrera civil de calidad, sobre todo en un contexto en el que los costos del servicio civil son cada vez mayores para la ciudadanía.
La Administración pública paraguaya ha funcionado históricamente bajo la lógica del “botín político”, en el que la lealtad política prima sobre la competencia técnica. Este sistema, vigente desde la dictadura de Stroessner, impide la formación de un cuerpo profesionalizado de servidores públicos. Los salarios en este contexto son heterogéneos, negociados de manera discrecional y frecuentemente utilizados como mecanismo de fidelización, sin una estructura clara que premiara la experiencia, formación o desempeño.
La ausencia de una carrera profesional genera una Administración pública de baja capacidad técnica, alta partidización y propensa a la corrupción, ya que los funcionarios deben su posición a un padrino político o a un gobierno en particular y no al Estado y su ciudadanía.
La Constitución establece que la función pública es de carácter profesional, mientras que leyes como la 1626/00 “Del sistema nacional de la función pública” y la más reciente Ley 7445/25 “De la función pública y del servicio civil” garantizan el ingreso por concurso público de méritos y oposición y el desarrollo de la carrera basada en el desempeño.
Dado el beneficio que obtienen las autoridades y los políticos con poder con el clientelismo, no se han implementado las regulaciones y para tranquilizar la situación solo aprueban nuevas leyes.
La situación de los salarios públicos y su relación con la carrera del servicio civil en Paraguay evidencia un círculo vicioso. La debilidad política y la ausencia de voluntad para implementar plenamente la carrera civil impide la creación de un sistema salarial racional, y la ausencia de este último, a su vez, socava los cimientos de la carrera. Romper este ciclo requiere de una voluntad política firme y transversal que vaya más allá de los gobiernos de turno.
La profesionalización del Estado paraguayo pasa inexorablemente por resolver la ecuación entre salarios dignos y competitivos y una carrera civil robusta. No se trata solo de una cuestión de eficiencia administrativa, sino de un requisito fundamental para construir un Estado capaz de garantizar derechos, promover el desarrollo y ganar la confianza de la ciudadanía.
