En la misma medida en que va creciendo la indignación ante la injusticia que están soportando las miles de víctimas de la denominada mafia de los pagarés, aumenta también el temor ante la impunidad que pueda proteger a los responsables de la estafa. Nuestra Justicia, seriamente comprometida, en este caso reacciona de manera muy lenta; en cuanto al ámbito político, la presencia de un ujier investigado e imputado, en la plenaria del movimiento oficialista de la ANR, Honor Colorado, eleva las voces de alarma.
Casi siete mil personas ya se han registrado como víctimas de la mafia de los pagarés ante la Comisión de la Cámara de Senadores que investiga el esquema de estafa.
Según los datos de la Comisión, muchas de las 6.600 personas registradas tienen en promedio ocho embargos; la mayoría de las víctimas (70%) son mujeres, y el 30%, hombres y el 87% de los afectados son del interior del país, y considerando que el 100% de los juicios se desarrolla en la capital, las víctimas se ven obligadas a trasladarse; lo que supone otra desventaja pues deben trasladarse desde muy lejos, y quienes no pueden hacerlo quedan en la más absoluta indefensión. Los 333.005 juicios ejecutivos que están padeciendo las víctimas, supone un descuento compulsivo de 2,2 billones de guaraníes (USD 314 millones).
Recordemos que el 64% de los funcionarios afectados son docentes del Ministerio de Educación, el 16,4% del Ministerio de Salud, el 3,5% del IPS, el 2,7 del Hospital de Clínicas y el resto, el 13%, pertenecen a otras 51 instituciones públicas y privadas.
El caso de la mega estafa de los pagarés no se trata solo de datos y cifras, se trata de la vida de miles personas. Como Rufina Ocampo, docente jubilada de Encarnación quien nunca recibió una notificación hasta que aparecieron dos embargos y después aparecieron otros tres más: “Tengo a mi mamá de 86 años enferma. A veces no tengo medicamentos para comprarle ni pañales, hay tanta injusticia!”, reclama.
Shirley Troche de Edelira, Itapúa, solo recibe el 20% de su salario por los embargos. Ella tiene un hijo de 6 años con discapacidad, que no camina, “pedimos para ser escuchados y puedan darnos una pronta solución”.
Otra víctima, Zunilda Zárate, docente de la compañía Py’aguapy de Tacuatí, Departamento de San Pedro, debe pagar G. 30 millones. A raíz del caso ya sufrió dos preinfartos. “Me caí ahí en el piso porque me asustó saber que mi sueldo era solo G. 700.000, siendo que yo cobro G. 2.500.000. Es desesperante”. Comenta que sobrevive trabajando en lo que puede, criando gallinas.
Como resume el senador Rafael Filizzola, es un calvario lidiar con la burocracia, “La persona se estrella contra una muralla cuando dice ‘esto que me están descontando, ya no autorizo más’. Se vulneran totalmente la libertad y el derecho que tiene la persona a disponer de su salario.
La práctica, si bien era conocida, fue recién hace un año cuando se hicieron públicas las denuncias. Y desde entonces es motivo de preocupación la lentitud e indiferencia con que ha reaccionado la Justicia, teniendo en cuenta sobre todo la estrecha trama de relaciones que fue puesta al descubierto, como las vinculaciones políticas, judiciales, gremiales y hasta de amistad que mantienen los investigados e imputados. ÚH había publicado en abril, el caso del abogado de una empresa de cobranzas que disfrutaba del fútbol con ujieres y actuarios.
Más alevoso resulta el ujier Alfredo Benítez, quien está imputado en la trama de pagarés al participar activamente en evento partidarios, y recientemente, a plena luz del día fue visto en la plenaria del movimiento Honor Colorado, apareciendo en fotografías con dirigentes colorados, entre ellos Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, y Luis Bello, intendente de Asunción. Alfredo Benítez es presidente de la Seccional Colorada N° 44, y director Anticorrupción de la Dirección Nacional de Correos Paraguayos (Dinacopa).
El mensaje para los miles de trabajadores, víctimas de los estafadores, resulta bastante explícito, la clase política gobernante ya señala el camino a la impunidad.
