La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón. Entre las medidas de reparación, se debía fortalecer la mesa para la seguridad de periodistas, un fondo para la prevención e impulsar la aprobación de un proyecto de ley sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos. Aquí, no caben las chicanas, la sentencia debe ser cumplida.
Es importante contar con información acerca de la urgencia de la aprobación de una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El 26 de abril de 1991, hace 34 años, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue asesinado el periodista Santiago Leguizamón, quien era propietario de la Radio Mburucuyá y fue también corresponsal de varios medios. Se hizo conocido por sus reportajes sobre corrupción, contrabando, narcotráfico y lavado de dinero.
Hace tres años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado paraguayo es responsable por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón y, en consecuencia, por la violación de sus derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en sus facetas individual y colectiva. También declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e integridad personal de su familia.
Además de una indemnización, el Estado paraguayo debería asignar un presupuesto anual para el funcionamiento de la Mesa de Seguridad de Periodistas del Paraguay y también debería impulsar, decía la sentencia de la Corte, la aprobación del proyecto de ley sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos.
Un proyecto de ley fue presentado al Congreso Nacional, el 26 de abril de 2023, impulsado por el Sindicato de Periodistas del Paraguay, que todavía sigue en el Parlamento, y de acuerdo con las expresiones del titular del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez, el proyecto de ley “de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, continúa en etapa de análisis. Sobre una posible fecha de tratamiento, el senador colorado había señalado que el estudio en la plenaria del Senado se daría a fines de noviembre, antes del receso parlamentario, previsto a partir del 21 de diciembre próximo. (ÚH, noviembre 05, 2025).
Según Núñez, la principal modificación que sufriría el texto original del proyecto es la exclusión de los defensores de DDHH, que no serían contemplados en el documento. Otro senador colorado cartista Natalicio Chase fundamentó esta intención diciendo que existe necesidad de delimitar el alcance de los beneficiarios de la ley, “cuando hablamos de derechos humanos, se amplía demasiado el escenario”.
Ahora, este proyecto que lleva aguardando tratamiento ya dos años, va a ser prácticamente descartado por un nuevo presentado por el cartismo y denominado: De prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”, el cual excluye a los defensores de derechos humanos.
Es lamentable el retraso que sufrió el estudio del proyecto, que a su vez, se infiere en el escaso interés mostrado por los parlamentarios para otorgar una herramienta legal que brinde protección ante las constantes agresiones y amenazas que sufren las trabajadoras y los trabajadores de prensa en todo el país, lo que supone una amenaza a la libertad de expresión y de prensa, y al acceso a la información.
No deben olvidar, sin embargo, los senadores oficialistas que el Estado paraguayo tiene la obligación de cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del asesinato de Santiago Leguizamón, adoptando medidas efectivas para proteger la vida de periodistas y de defensores de Derechos Humanos, pues así lo determina la sentencia de la Corte IDH.
Desde 1989, 22 periodistas paraguayos han sido asesinados. Aquí ya no caben las chicanas.
