La fiscala Lourdes Bobadilla sostuvo que “lo que buscan es frenar la investigación, en el marco de la causa contra Porfirio Giménez sobre estafa y otros, relacionadas con Steven Automotores”. El abogado defensor de la empresa fue el que presentó el recurso de recusación.
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“Ellos argumentan que nosotros perdimos la imparcialidad o tenemos falta de objetividad y que, en realidad, asumimos un hecho de tinte patrimonial; que nosotros ampliamos el espectro de hechos punibles, que hablamos de asociación criminal y que en este acto se le incluyó a su cliente y a él”, explicó la agente fiscal.
Asimismo, alegó que se le dejó incomunicado al abogado porque se le incautó su aparato celular, lo cual es una evidencia para el Ministerio Público para la extracción de datos, teniendo en cuenta que puede ser investigado dentro de la causa y que se debe tener en cuenta que se incautaron expedientes.
“El desarrollo de la estafa se materializó a través de expedientes tramitados en el Juzgado, por el abogado defensor, él como patrocinante. Evidentemente, existen sospechas de su vinculación en el caso, motivo por el cual se procedió a la incautación del mencionado celular”, remarcó la fiscala.
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A su vez, sostuvo que al momento del allanamiento, el abogado se encontraba en el lugar y tenía muchas documentaciones de daciones de pago en el interior de su vehículo, el cual está a nombre de la playa de automotores en cuestión.
“Eso también hizo que nosotros tomemos la determinación de tenerlo como persona probablemente investigada. Por eso es que incautamos el celular”, aclaró.
Una comitiva liderada por la fiscala Yrides Ávila y como coadyuvante la agente fiscal Lourdes Bobadilla, había intervenido el Juzgado de Paz de la localidad de Benjamín Aceval, Departamento de Presidente Hayes.
El procedimiento contó con apoyo del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional y se hizo efectivo en torno a la investigación sobre un hecho de estafa relacionado con el esquema de estafa de Steven Automotores.
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Las víctimas adquirían vehículos de las playas de autos, que posteriormente, vía judicial, eran secuestrados debido a supuestas irregularidades que surgían ante atrasos en el pago de las cuotas.
Según las informaciones, existiría una estructura criminal referente a la compra-venta de vehículos, en el cual tendría participación el Juzgado de Paz allanado.
Procesados en la causa
En esta causa están imputados Denis Steven Bareiro, por estafa y asociación criminal, mientras que su papá, Carlos Bareiro, además de esos hechos, también por quebrantamiento de depósito y frustración de la persecución penal.
Los oficiales de Justicia, Carlos Alberto Yrala Fernández y Marcelo Eladio Mereles, tienen la causa abierta por estafa y producción de documentos no auténticos, ya que –además de ser los que notificaban los secuestros– eran los que también hacían de abogados de la empresa, promoviendo las demandas.
El juez de Paz, Jorge Franco Garelik, está imputado por prevaricato y su actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona por producción de documentos no auténticos y prevaricato.
Se estima que la red de estafadores dejó más de 100 víctimas desde el 2022, año del que vendrían operando.
