Raulramirezpy
El defensor general Javier Esquivel habla de la Asociación de Postpenados, que agrupa a los que cumplieron las condenas. Habla de la reincidencia, del abuso de la prisión preventiva, de los fines de la pena y del voto de los prevenidos, que es un derecho que tienen.
–¿En qué consiste la Asociación de Postpenados?
–En el Paraguay, a la fecha, hay unas 20.500 personas privadas de libertad en una relación de 70/30. Es decir, 70 procesados y 30 condenados. Y notamos que la reinserción social tiene dos componentes: Uno, donde el control en la etapa del cumplimiento de la pena lo tiene el Ministerio de Justicia, porque administra los centros penitenciarios, y los jueces de Ejecución Penal. Hay unas etapas que uno va cumpliendo y eso hace merecedor de beneficios, salidas transitorias, libertad condicional o compurgamiento. Lo que sí notamos es que el segundo componente de la reinserción social, que es el compromiso ciudadano nderecibi jeyva’erã la gente, upéva ndaipori (la gente te tiene que recibir otra vez y eso no hay). No hay una política pública del Estado que haga viable el compromiso social de quien egresa del sistema penitenciario. Muchas veces, hay internos que regresan y ni sus familias les reciben. Entonces, la Asociación de Postpenados Nuevo Horizonte es una red de apoyo integral. Es una organización de la sociedad civil conformada por personas postpenitenciarias, quienes salieron de la cárcel, ha la presokue ndajahaihúi y que busca promover una reintegración laboral social y comunitaria ya fuera, sin que sean órganos del Estado los que los reciben, sino y socios ja’e chupe, camaradakue. Notamos la carencia de ese segmento para atender a los postpenados con lo que hay un elevado nivel de reincidencia.
–¿Cómo está eso?
–Altísimo. El nivel de reincidencia es terrible, porque si uno regresa, no tiene dónde trabajar, okaru arã, nde rasy, tembi’u, pohã (tiene que comer, te enfermas, alimento, remedio). Ha pea ogenerá arã la plata. Ha nde neremba’apoiro (y si vos no trabajás) es mano de obra barata para el crimen organizado, para el vendedor de chespi, del narcomenudeo o todos los tipos penales que vienen de la carencia de ingresos. Eso trata de atender. Lo que hicimos es gestionar y potenciar a esas personas. Es una cuestión independiente de la Defensa Pública. Nosotros, si bien abonamos la personería jurídica, la carta orgánica, el estatuto, ellos son una persona jurídica con capacidad restringida. Pueden tener factura, cuenta corriente, que hoy, por ejemplo, tareas que se realizan todos tenemos que, necesitamos un recibo por la renta personal, etcétera. Entonces, también formalizamos y estamos tendientes a generar un núcleo de oportunidades para promover la inclusión integral de las personas que han cumplido la condena y con su familia. Y hay otro aspecto interesante. Aproximadamente 6.500.000 guaraníes cuesta al año un privado de libertad al Estado, todo pagado con nuestros impuestos. Y la proyección de crecimiento es mil por año. O sea, el año que viene, si seguimos así, tendremos 21.500 presos. Ha ndaja avisorái peteí tratamiento, porque crear más cárceles estará fantástico, pero no solucionamos el problema.
–Eso denota un abuso de la prisión preventiva.
–Totalmente. Es un abuso. Hicimos un estudio que no tengo a mano ahora, porque estamos en un proyecto de mediación penal. Hay una gran cantidad de personas privadas de libertad por hechos punibles contra los bienes de las personas, que pueden ser conciliables. Tres mil podemos conciliar si se dan las condiciones y ya descomprimís Tacumbú.
–¿Y cómo van a hacer?
–Ese es el otro estudio que realizamos. Un proyecto con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Estuvimos en Pedro Juan Caballero asistiendo a personas privadas de libertad de comunidades originarias, que son unos 65. Y roñepia’a hina (estamos intentando) la primera filial de la Asociación de Postpenados para el Amambay. Y está bien encaminado.
–¿Y qué harán? ¿Darán trabajo o van a gestionar?
–Lo ideal es replicar el modelo de Hambre Cero. Este, en el decreto reglamentario establece que cuando se consumen productos de, qué sé yo, de Misiones o de San Juan, San Ignacio, un porcentaje de productores locales tienen que proveer. Vamos a tentar, decreto mediante, llevaremos al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo, en la brevedad posible, tentar un decreto donde en materia de Che Róga Porã o de inversiones que tiene el Estado, consuma en mano de obra de personas postpenitenciadas. Ese es el escenario ideal, Dios mediante.
–Tienen otro proyecto sobre voto de los prevenidos.
–Sí, cuando me postulo para este cargo abordé esa propuesta. Hoy conformamos una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral para que eso llegue a concretarse, porque la suspensión de la ciudadanía, establece la Constitución, se da solo con la condena firme. Condena a pena privativa de libertad. Los que están en prisión preventiva tienen presunción de inocencia y no tienen restringidos otros derechos, que no sea la libertad de locomoción. Los demás tienen plenamente, digamos, firmes. Y el sufragio es un derecho humano de primera generación. Elegir y ser elegido. Eso no está restringido.
–¿Serían unas 15 mil?
–18.200 personas aproximadamente las que tienen derecho al voto. El implementar esto es una actividad propia de la Justicia Electoral. Lo que tenemos que hacer es gestionar que ellos puedan ejercer su derecho al voto. La metodología de práctica de la implementación corresponde a la Justicia Electoral. Estamos en una mesa técnica con ellos abordando estos temas. En el 2022 se modifica la Ley Electoral (6971/2022) a raíz de observaciones de organismos internacionales como la Unión Europea y magistrados electorales, donde dicen, el país está en falta por este tema. Y allí establece dos restricciones, los privados de libertad con condena y quienes se encuentran rebeldes, prófugos. Ellos no tienen derecho al voto. Los demás, todos tienen.
–¿En Paraguay, se cumplen los fines de la pena?
–Y técnicamente no. Hay que entender que los problemas sociales no tienen solución en la prisión preventiva. Hoy los operadores de Justicia están abusando de la prisión preventiva. Porque muchas veces estamos expuestos ante la prensa y el Jurado toma todavía determinaciones de enjuiciar por titulares de diario. Entonces, el juez muchas veces se cuida más de no salir en el diario que aplicar la prisión preventiva. Esa es la realidad. En mis intervenciones en materia de modificaciones siempre he solicitado a las autoridades involucrar al Jurado cuando vamos a abordar estos temas. Pues los operadores de Justicia muchas veces tienen un santo temor, ja’e chupe, por llamar un poco. Y a veces con razón. Esa es la realidad. Nosotros planteamos un registro electoral en las penitenciarías, organización de la votación, capacitación electoral y coordinación interinstitucional entre los involucrados ahora. Y vamos a ver cómo se implementará, porque la práctica en la región, en la Argentina se implementa y hay otros países, pero solo habla del elector informado, no de proselitismo propiamente dicho. ¿Cómo se administra el voto? Muchas veces las autoridades son las que tienen el respaldo de los documentos. Eso vamos a analizar en la mesa técnica.
–¿Cómo va eso de los honorarios a los usuarios?
–Vetó el presidente. No tuvimos la estrategia comunicacional en hacerle entender a los profesionales de la matrícula que eso no está en contra de ellos. Hoy nos convertimos en la principal competencia desleal de la profesión, que es la defensa pública.
- Estamos expuestos ante la prensa y el Jurado toma todavía determinaciones de enjuiciar por titulares de diario. Entonces, el juez muchas veces se cuida más de no salir en el diario que aplicar la prisión.
Javier Esquivel
Abogado por la UNA. Notario y escribano Público. Doctor en Derecho. Tiene un masterado en España. Docente en la Escuela Judicial y en la Universidad Católica. Fue defensor público en Encarnación. Fue camarista y declarado inamovible. Es defensor general desde mayo del 2024.
