24 abr. 2026

Imputan a 6 más por formar parte de red de megaestafa

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Grave. Supuestamente, la concesionaria viene operando desde el 2022, con estafa de autos.

RODRIGO VILLAMAYOR

La fiscala Lourdes Bobadilla imputó a seis personas más que formarían parte del esquema que involucra a la empresa Steven Automotores, desde donde habrían creado una red de megaestafa a través de la venta de vehículos. En la causa ya están imputados un juez de Paz, varios funcionarios y los dueños de la concesionaria.

En mayo del 2023, Miguel Fleitas compró un vehículo Toyota Corolla 2003 de la concesionaria, haciendo una entrega de G. 10.300.000, quedando en saldar el resto en 20 cuotas de G. 1.307.000.

La firma del contrato de compra y venta lo hizo con el dueño, Carlos Alfredo Bareiro Benítez, padre del supuesto líder del esquema, Denis Steven Bareiro.

Un mes después, a finales de junio de ese año, Miguel se acercó a pagar la primera cuota, pero supuestamente le dijeron que recién en agosto de ese año le correspondía pagar. El 16 de agosto entonces se acercó, y ya le dijeron que no podrían cobrarle, porque el abogado tenía su carpeta.

Dos días después (el 18 de ese mes), ya le vinieron con la orden de secuestro de su auto, por supuesta falta de pago. El documento estaba firmado por el juez de Paz de Chaco’i-Nueva Asunción, Jorge Franco Garelik.

El magistrado lo había nombrado nuevamente como depositario judicial a Bareiro Benítez, siendo llevado el vehículo hasta la concesionaria.

Miguel peleó el caso, y recién en noviembre de ese año, otro juez levantó el embargo, ordenando que se le entregue su automóvil, cosa que nunca sucedió, según denunció.

Pese a que había una orden judicial, el vehículo seguía sin aparecer en la playa de autos, y tampoco los hoy investigados dieron la ubicación del mismo.

PROCESADOS. En esta causa ya están imputados Denis Steven Bareiro, por estafa y asociación criminal, mientras que su papá, Carlos Bareiro, además de esos hechos, también por quebrantamiento de depósito y frustración de la persecución penal.

Los oficiales de Justicia Carlos Alberto Yrala Fernández y Marcelo Eladio Mereles, tienen la causa abierta por estafa y producción de documentos no auténticos, ya que –además de ser los que notificaban los secuestros– eran los que también hacían de abogados de la empresa, promoviendo las demandas.

El juez de Paz Jorge Franco Garelik está imputado por prevaricato y su actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona por producción de documentos no auténticos y prevaricato.

Se estima que la red de estafadores dejó más de 100 víctimas desde el 2022 que vienen operando.

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