Cuestionó la falta de un control estricto principalmente ante la existencia de empresas dedicadas a la producción de criptoactivos que operan de manera informal, además de criticar la inacción fiscal ante estos casos.
“Como siempre la Justicia no actúa. Esto no está controlado y hay que hacer algo. El Gobierno tiene que hacer una política de control porque la energía es el oro ku’i para nosotros. Es nuestro valor estratégico en el Paraguay y le estamos dando a estas criptomineras nuestra energía. Que por lo menos tengamos una energía segura y barata para la población”, instó.
Martínez se refirió al respecto luego de que el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, haya respondido a varias consultas que se le hizo en reunión con la mesa directiva de la Cámara de Senadores.
Dijo que abordaron varios puntos, entre los cuales están el incremento de la tarifa técnica que afectó a las criptominerías legales; sobre si se está interviniendo en las granjas de minerías ilegales, y si existe complicidad con los funcionarios de la entidad.
“Reclamamos si hay algún plan mayor del Gobierno. Se le cuestionó por qué no traemos industrias que sean manos de obra intensivas, no estas granjas que manejan la energía. Por eso Paraguay atrae a todo el mundo, porque es más barato. Hay que saber qué busca el Gobierno, cómo vamos a negociar, porque es todo un secreto, como en el caso del Anexo C”, criticó.
“Él nos mostró cómo están controlando y que teóricamente el 100% de las denuncias y de los hallazgos se está investigando, pero que es la Fiscalía la que no confisca las criptomineras. Yo reclamaba por qué no se destruyen las máquinas”, acotó.
Interpelación. Señaló que por el momento retiraron la propuesta de interpelación oficial a Félix Sosa en el Senado, pero aseguró que volverán a reunirse entre los parlamentarios para evaluar mejor sus respuestas a fin de convocarlo.
“Prácticamente respondió a todo, entonces dijimos que vamos a volver a hablar y analizar mejorar las preguntas para preparar bien la interpelación”, apuntó.
Con respecto al aumento de 16% que se aplicó a la tarifa técnica y que terminó golpeando al sector de la criptominería legal, Esperanza Martínez dijo que Sosa les mostró que el aumento ya estaba contemplado en el contrato. Si bien sostuvo que para ellos sí corresponde la suba, reconoció que preocupa que las empresas formales estén buscando migrar del país.
“Está aclarado de que ellos hicieron dentro del marco legal más allá de que las empresas cuestionen. Yo creo que hay que cobrarles más, pero también es un problema que estén migrando, produce inseguridad para la gente, es complejo el tema. Aquí el Gobierno tiene que hacer una política integral, no de forma aislada”, reiteró.
Dijo también que otro punto que se discutió y que les preocupa es sobre la firma Clyfsa, que provee energía a otras y cuenta con una tarifa diferenciada a la del resto del país mediante un subsidio.
“Son los que están teniendo la mayor cantidad de granjas de minerías. Una de las personas que está ligada a la empresa casualmente es la que negocia cómo bróker de las criptomineras. Hay un contubernio y la ANDE no le puede controlar”, alertó.
