20 may. 2026

Ratifican penas del ex líder de la barra de Luque por caso “juego sucio”

El Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, confirmó las condenas de 12 años de cárcel para José Antonio Balboa, ex líder de La Barra de Luque y presunto líder de una banda de narcotráfico, así como las penas para otras 15 personas por hechos de posesión y comercialización de drogas y otros.

Operación Juego Sucio.png

Operación Juego Sucio. José Antonio Balboa Benítez fue detenido en un allanamiento en Luque.

Foto: Archivo ÚH.

En fallo unánime de los camaristas Paublino Escobar, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificaron las penas aplicadas por las juezas Karina Cáceres, María Luz Martínez y Paola González, en juicio oral y público, el pasado 20 de mayo de este año. El operativo en el que cayeron los procesados se denomina Juego Sucio.

Además de la pena de José Antonio Balboa, también confirmaron las penas de Jorge Fabián Koki Maldonado Giménez, a 13 años de cárcel; Cindy Maribel Cuevas Román, a 5 años de prisión; María Marta Rodríguez Vargas, a 5 años y 6 meses de cárcel; Aníbal Martín Caballero Argüello y Rodrigo Iván Rodri Acosta Silveira, a 6 años de encierro.

Igualmente, ratificaron las condenas de Cristian Darío Preto Figueredo Torres y Ricardo Darín Darío Ayala Fernández, ambos a 7 años de prisión; Carlos Javier Pori Sanabria Franco, Hugo Andrés Cadera Robles Ortiz, Marcelo Adán Chama González Benítez, Fernando Machete Centurión Aranda, José Miguel Franco Ferreira, Alcides Killin Maidana Gómez, Diego Luis Mosca Leguizamón Rojas y Pablo Stiven Concepción Rojas, todos a 8 años de cárcel.

Lea más: En juicio oral, condenan a miembros de la “Barra de Luque” por narcotráfico

Por otro lado, también confirmaron el comiso de la suma de G. 55.831.000, además de una camioneta Toyota, modelo Hilux, año 2013, propiedad de José Antonio Balboa y María Marta Rodríguez, depositada en guarda y custodia del Ministerio del Interior, a cargo de Junior Leguizamón; un vehículo Hyundai, Tucson, año 2010, en guarda y custodia de la Municipalidad de San Estanislao, a cargo de Carlos Sosa.

También un Toyota, Auris, año 2007, propiedad de Jorge Giménez; otro Toyota, Auris, en guarda y custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a cargo de Silvio Muller, que quedarán a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Asimismo, el comiso de cuatro revólveres que se encuentran depositados en guarda y custodia de la Digemabel. En el fallo, también se había ordenado la destrucción de varios bienes incautados en el procedimiento.

En el caso, las defensas de los condenados María Marta Rodríguez, Aníbal Martín Caballero, José Antonio Balboa, Alcides Maidana, Diego Leguizamón, Hugo Robles, Jorge Fabián Maldonado Giménez habían planteado recurso de apelación especial.

En su mayoría, cuestionaron la valoración de las pruebas, la determinación de la pena, la violación del plazo razonable y de la sana crítica. Incluso, la duración máxima del proceso penal, ya que el caso se inició en el 2020.

El Tribunal analizó cada uno de los agravios de las defensas, e incluso hizo una contabilidad del plazo del proceso, para determinar que el fallo se ajustaba a derecho, con lo que votaron por ratificar la resolución en todas sus partes.

Más contenido de esta sección
El pleno de la Corte Suprema citó para el próximo martes 26 de mayo, a la jueza de Pedro Juan Caballero Librada Peralta para escuchar su declaración, antes de decidir suspenderla o no de sus funciones. La magistrada fue imputada por supuestamente usar documentos para tener ventaja en concursos ante el Consejo de la Magistratura.
En medio de tratativas de un posible acuerdo entre el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la Justicia de los Estados Unidos, el juez Rossie Alston Jr., juez de Alejandría, del estado de Virginia de los Estados Unidos, volvió a dar un plazo de más de un mes para la audiencia, que se llevará a cabo recién el 1 de julio. El tiempo es para que la defensa analice el “pacto de condena”.
El ex senador Erico Galeano planteó acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema en contra de los fallos que le condenaron a 13 años de cárcel por lavado de activos y asociación criminal donde pide su nulidad. Antes, había planteado un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, señaló que plantearon modificar el reglamento del Consejo de la Magistratura para que, en un plazo de 45 días, se conformen las ternas destinadas a la elección de cargos vacantes. Además, sostuvo que deben eliminarse los edictos y establecerse un sistema de concurso permanente para los cargos.
Una de las víctimas de la mafia de los pagarés aprovechó el recorrido del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, para hablar con él y quejarse de un embargo ilegal por unos G. 100 millones. “Prefiero ir a la cárcel antes que pagarles a estos delincuentes”, afirmó el afectado.