Urba Inmobiliaria, perteneciente a la empresa Arcallana SA, en derecho a réplica de una publicación de ÚH, busca desmentir a Perla Eliane Benítez, la mujer que reside en Pedro Juan Caballero y había denunciado que la iban a dejar en la calle para Navidad, junto a sus tres hijos, luego del remate de su casa impulsado por la inmobiliaria.
Ella había denunciado que llevaron a sus espaldas el juicio ejecutivo, sin que fuera notificada y que se hizo el remate por G. 1.000.000, siendo demandada en la capital del país, pese a residir en Pedro Juan Caballero.
Sin embargo, la empresa presentó el contrato que dice que en las cuestiones legales “las partes se someten a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción”, según una cláusula del contrato que se firmó con el primer comprador, quien luego por sesión de derechos dejó el terreno a Perla Benítez.
Explican que el domicilio de Urba está ubicado en Asunción. “Si no le gusta a la persona, no tiene por qué firmar el contrato con Urba”, lanzó el abogado de la empresa, Rodrigo Yódice.
El gerente de Legales en Urba Inmobiliaria, Hugo Azcona, también se acercó a dar su versión: Perla Benítez era una persona “que prácticamente desde el inicio de la relación contractual siempre estuvo pagando con atrasos y en el 2022 dejó de pagar intempestivamente”.
“En el 2022 hizo solo tres pagos”, afirmó, luego le fueron intimando y reclamando extrajudicialmente para que regularice “algunas cuotas de las 24 vencidas”, contó.
La mujer fue demandada en marzo del 2023 por incumplimiento de contrato y le preguntaron nuevamente si tenía intenciones de pagar la deuda o si iba a desistir del pago, explicó el abogado. “Hasta estábamos dispuestos a erogar un poco de dinero (por la construcción que se hizo) a cambio de llegar a un acuerdo”, continuó Azcona.
A Perla Benítez se le demandó por G. 32.775.000 más intereses, costos y costas.
Las notificaciones y el remate
Tanto el abogado como el gerente de Urba mostraron las cédulas de notificaciones que probarían que la mujer fue informada desde el inicio del proceso hasta el remate. “Entonces, ¿cómo va a alegar indefensión o desconocimiento? Las actuaciones judiciales revelan que ella sí tenía conocimiento. Fue su decisión no participar dentro del proceso”, dijo.
En cuanto al remate, manifestaron que la rematadora dejó constancia de que Hugo Azcona no comparecía por sus propios derechos, sino como representante legal de Arcallana SA, “al que se le adjudicaron derechos y acciones sobre el inmueble”, dijo el abogado.
¿Por qué G. 1 millón? “Porque no había nadie interesado”, dijo el gerente. “Jurídicamente se puede, si no hay postores como en este caso y dice ‘sin base de venta’. Yo me pude haber adjudicado por un millón y por G. 100.000 también, pero yo decidí por G. 1 millón”. sostuvo.
Niegan mafia de pagarés
Yódice aclaró que no hubo irregularidades y que fue una “atribución falsaria, mentirosa, agraviante y calumniosa del abogado de vincular al tema de mafia de pagarés. El proceso revela claramente que esta persona sí estaba notificada”, precisó el profesional.
Ahora, la mujer, quien alega ser víctima de estafa por parte de la empresa, junto con su abogado Héctor Barreto, presentó un incidente de nulidad de actuaciones, que será tramitado por el juez Diego Torres, quien suspendió el desalojo de la mujer que debía concretarse el viernes pasado.
En su incidente, Perla argumenta que ella está casada y que solo el 50% de esos derechos de acciones del inmueble le pueden ser transferidos. Sin embargo, el abogado mostró que en su solicitud de datos ella firmó que era soltera. “Se le engañó a Arcallana SA”, dijo.
Anunció que están evaluando una denuncia en Fiscalía por supuesta estafa.
Hablan de falta de notificaciones
El abogado de Perla Eliane Benítez, Héctor Barreto, denunció que la propiedad en la que vive ella con sus hijos fue rematada a sus espaldas, y sin haber sido supuestamente notificada.
Dijo que la propiedad está valuada en G. 300.000.000 y que se remató por la ínfima suma de G. 1 millón.
Denunció que la mujer adquiere en el 2019 el inmueble –por sesión de derechos–. Se trata del Lote N° 11, manzana N° 31, Fracción Frontera Verde 4, en la capital de Amambay. Tenía que pagar 130 cuotas de G. 345.000, de los cuales saldó 63 cuotas, hasta que dijo que por varios meses le habría sido difícil abonar y que después ya se bloqueó el pago por varios atrasos.
Dijo que se le demandó en el Juzgado Civil y Comercial del 11° Turno de Asunción.
No se remató inmueble, sino los derechos, dice juez
El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 11° Turno de Asunción, Diego Torres, negó que se haya rematado la propiedad que Perla Eliane Benítez adquirió de la firma Urba Inmobiliaria en Pedro Juan Caballero, sino que el remate se hizo sobre los derechos y acciones que poseía la mujer.
“El inmueble es de propiedad de la parte actora (Arcallana SA, que integra a Urba)”, explicó el magistrado, dando a entender que la propiedad nunca dejó de ser de la empresa, sino que lo que se llevó a remate fueron los derechos derivados del contrato de compraventa que no fue pagado.
“Estos derechos no tienen valor nominal; por ende, son rematados sin base de venta como lo ordena el artículo 476 del CPC”, citó.
“NO FUE DESALOJO”. Por otra parte, manifestó que “no es cierto que se le haya dejado en la calle a una mamá y sus hijos. En ningún momento la parte demandada fue desalojada”, ya que lo que se ordenó fue una desocupación y no un desalojo, expresó.
“Se intimó a que desocupen el inmueble, ya que perdieron aquellos derechos y acciones de compra que poseían sobre dicho bien... La parte demandante pretende recuperar el inmueble de su propiedad, ejecutando la deuda. Esta clase de juicios son de gran habitualidad en los tribunales”, continuó el juez.
Perla Benítez ya fue intimada el 21 de octubre de este año –según el magistrado– porque procura no realizar estas diligencias en días sensibles como Navidad, “por más que corresponda en estricto derecho”.
Por último, el juez Diego Torres dijo que la cláusula del contrato con la empresa Arcallana SA ya estipulaba que a los efectos legales “las partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Asunción”, por lo que su Juzgado sí es competente, aclaró.
