La Cámara de Apelaciones de Delitos Económicos declaró inadmisible la apelación que presentó el ex intendente de Lambaré Armando Gómez ratificándose así que el caso va a juicio por un supuesto perjuicio de G. 7.315 millones a la Comuna.
Los abogados Julio César Bobadilla y Osvaldo Sotelo, en representación del ex jefe comunal, habían apelado la resolución del juez Humberto Otazú, de enviar la causa a juicio oral.
El punto en controversia está en que el juez rechazó la inclusión probatoria que peticionaron.
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Sin embargo, los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Claudia Criscioni no estudiaron la apelación por falta de fundamentación.
¿Qué dice la acusación?
El ex intendente de la ciudad de Lambaré Armando Gómez (2015-2021) está acusado por el fiscal Eugenio Ocampos por el supuesto desvío de G. 7.315 millones en la Comuna.
La causa es por los hechos de lesión de confianza y apropiación.
Existen elementos “que demuestran la apropiación de los aportes descontados a los funcionarios permanentes de la Municipalidad de Lambaré, que no fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, causando un perjuicio”, según la acusación.
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Se habla de un esquema “creado y liderado por el ex intendente de la Municipalidad, Armando Ramón Gómez y Roberto Paredes”, según el fiscal. Se tomó como base los informes de la Dirección de Auditoría Interna.
¿Cuál era el modus operandi?
Según la ley del Municipio, se debe depositar en la Caja los aportes jubilatorios que se descuentan a los funcionarios.
Allí, el Departamento de Recursos Humanos elabora una planilla de pagos y descuentos y eso va a la Dirección de Administración de Finanzas, donde se firma el registro para luego enviar al Departamento de Contabilidad.
Una vez recibida, esta planilla deber volver a Administración de Finanzas para hacerle firmar al intendente –en ese entonces Armando Gómez– para el pago de salario y descuentos.
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A partir de ahí, la Administración “no elaboraba nunca la orden de pago para la correspondiente transferencia de los aportes descontados” a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
Se dejó pasar así desde el 2015 hasta aproximadamente el 2019 lo que causó el millonario perjuicio, según sospechan. Y la Intendencia terminó debiendo G. 7.315.878.567, monto que está pagando el actual jefe comunal, Rosa Guido González, tras un acuerdo con la Caja.
Todo ese monto que sí se descontó a los funcionarios permanentes, “se mal utilizó” y nunca apareció, según el reclamo desde la propia Municipalidad.
