Tanto las instituciones del Gobierno como la Municipalidad buscan redefinir el uso de las valiosas tierras municipales en la zona de la Costanera Norte, y esto ya generó un debate técnico entre representantes de la Intendencia y concejales de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal.
El núcleo de la propuesta se centra en el proyecto Eco-distrito inclusivo, que cuenta con una inversión asignada de USD 52 millones y se enmarca en el Proyecto de Mejoramiento de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción (PRUFCA), que es financiado por el Banco Mundial, con una inversión de USD 105 millones.
Los compromisos asumidos con la referida inversión incluyen la construcción de entre 650 y 750 unidades de vivienda definitiva para el reasentamiento in situ de familias en áreas elevadas a 64 msnm (metros sobre el nivel del mar), además de infraestructura básica, espacios públicos y la restauración de arroyos.
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La propuesta técnica contempla una superficie total a refular de 14 hectáreas, con un costo estimado de USD 6.660.000.
En el marco de este proyecto, el Estado paraguayo, a través del MOPC, pretende afectar, a través de una adenda al convenio entre las tres instituciones, un total de 3 hectáreas para viviendas sociales en una zona que estaba originalmente destinada al desarrollo privado.
Específicamente, la Adenda 02 propone el uso de una fracción de 3,32 hectáreas para la construcción de 330 unidades habitacionales. Esta fracción forma parte de la zona de 6 hectáreas, ubicada sobre General Santos y Costanera, que Nenecho quiso subastar en diciembre de 2024 a G. 28.000 millones por hectárea.
Para la asesora general de gestión de la Intendencia, Melissa Ramírez, esta operación no constituye una entrega nueva de tierras, sino una “modificación a algo que ya se aprobó anteriormente” en diciembre de 2024 bajo la Resolución 5408/2024
Ramírez explicó que el pedido, gestionado de forma tripartita entre la Municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y el Ministerio de Urbanismo (MUVH), busca una reubicación estratégica.
“Lo que se solicita nada más es una pequeña modificación en cuanto a la reubicación”, sostuvo la asesora al detallar que el proyecto pasa de un lote colindante a otro para permitir que “ingresen dentro de esa superficie mayor cantidad de viviendas”.
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Según Ramírez, el cambio responde a un “ajuste técnico” para que las nuevas construcciones se integren mejor con las ya existentes “Casita de Colores”, logrando una “mejor integración de las viviendas en ese lugar”.
Asimismo, la asesora aclaró que, si bien la superficie aumenta en aproximadamente media hectárea (pasando de 2,5 ha -originalmente- a 3,3 ha), el terreno anteriormente cedido “va a quedar libre obviamente para el municipio”.
Pérdida de un valioso activo
Los concejales Humberto Blasco y Félix Ayala manifestaron críticas contra los términos de esta adenda. Blasco advirtió que el MOPC pretende quedarse con tierras que fueron refuladas con fondos municipales provenientes de bonos, sin que el Gobierno Nacional asuma la deuda correspondiente.
“MOPC se quedarán con las tierras y la Municipalidad se quedará con las deudas”, sentenció Blasco, y calificó la operación como un “negocio redondo para el gobierno nacional”.
El costo del refulado en esa zona específica fue de USD 4 millones, pagado con parte de los bonos G3 en 2016 y que aún representan una carga financiera para la ciudad.
Dichos bonos fueron rescatados con una parte de la emisión del G9, aprobada bajo la gestión de Nenecho y por la cual los asuncenos siguen pagando altísimos intereses.
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Por su parte, el concejal Félix Ayala describió la operación como un “intercambio” impulsado por criterios “acartonados” del Banco Mundial que “ignoran la realidad local”.
“Es un intercambio. O sea, ellos dicen: ‘Les devolvemos esta y dennos a nosotros estas’”, explicó Ayala. Su principal preocupación, según explicó, reside en la pérdida del activo.
“Sería un perjuicio porque vos le vas a dar tierras de mayor valor. Y vas a perder las tierras que te quedan al lado. Nosotros queremos subastar, invertimos plata en las tierras que están al lado (de las Casitas)”, criticó el edil.
Ayala recordó que el municipio ya invirtió millones en preparar esos terrenos y que entregarlos ahora para fines sociales, en lugar de venderlos al sector privado, es un error estratégico.
“Si vos vas a dar para viviendas sociales, ¿qué sector privado te va a comprar?”, refirió.
Bochorno de subasta en medio de crisis financiera
La nueva operación con las tierras de la Costanera, ocurre tras el “bochorno” de diciembre de 2024, cuando la administración anterior de Nenecho fracasó en su intento de subastar seis hectáreas de la zona por falta de oferentes e irregularidades documentales.
Recientemente, el presupuesto 2026 incluyó ingresos estimados por G. 174.634.548.251 provenientes exclusivamente de la venta de inmuebles en la franja costera.
En una Municipalidad en crisis financiera, que adeuda actualmente unos G. 130.000 millones solo por intereses vencidos de bonos, y que corre el riesgo de acciones judiciales por parte de los bonistas, la decisión de ceder o intercambiar estas tierras es cuestionada por la posible pérdida que representa para la ciudad.
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“Nosotros ahí no recibimos un solo guaraní de recursos, no recibimos ni siquiera la participación técnica. Este es un trabajo Banco Mundial, el MOPC, y nosotros tenemos que poner nuestras tierras, qué simpático”, criticó Ayala.
Blasco, a su vez, remarcó que estas tierras se refularon con fondos de crédito público para desarrollo inmobiliario, y que desde la intendencia los “apuran” con “la amenaza de la pérdida del préstamo” del Banco Mundial.
Este lunes, el edil ya solicitó formalmente la realización de una audiencia pública para tratar este tema.
