En materia económica y muy a nivel macro, los gobernantes se jactan de haber conseguido el grado de inversión en una importante calificadora. La idea es atraer a inversionistas a Paraguay con proyectos que inyecten a la economía, principalmente en el empleo formal, teniendo en cuenta que la informalidad tiene una incidencia del 60%.
También se avizora una mejoría en el equilibrio fiscal, pero aún con incertidumbres sobre los efectos de leyes aprobadas en este 2024.
Aunque las proyecciones oficiales apuntan a un buen desempeño del 2025, la periodista de la sección Economía Gabriela Martínez Palma reflexionó en el último episodio del pódcast Timore , sobre las demandas insatisfechas de la sociedad.
Considera que faltan políticas para que la macroeconomía se traduzca en verdaderos beneficios de la ciudadanía que cada vez vive más oprimida. Por ejemplo, un proyecto real para mejorar el transporte público significaría un gran cambio en la calidad de vida.
Agilizar el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras de forma segura y cómoda significa también horas de mayor descanso, de pasar tiempo en familia y del necesario ocio para recargar las energías para seguir aportando al país.
Es un derecho de la ciudadanía, más aún cuando la economía depende en gran medida de la clase trabajadora, aunque los reconocimientos oficiales se lleven solo los empresarios.
Otro problema sensible que deben resolver las autoridades es la falta de medicamentos en los hospitales públicos, especialmente para pacientes oncológicos, quienes están interrumpiendo sus tratamientos al no encontrar sus insumos en el sistema de salud pública. Aunque los ministerios de Salud y de Economía se culpan mutuamente –entre excusas de falta de presupuesto y problemas de gestión–, la situación persiste y debe instalarse un diálogo serio ante una realidad que cobra vidas.
¿QUÉ HACE LA CLASE POLÍTICA? Mientras la sociedad vivía y vive agobiada, los colorados gastaron su energía en aumentar su poder, beneficiar sus intereses económicos y la de sus aliados, pero además se ocuparon en perseguir a sus detractores.
En el recuento que hizo la periodista de la sección Política Ruth Benítez, figura la cuestionada expulsión de Kattya González del Senado y las acciones judiciales sin respuestas, un caso que puso a Paraguay en la vidriera internacional en cuanto a la violación de principios democráticos.
Los diputados y senadores no dudaron en asignarse aumentos de salario, a pesar de la falta de credibilidad hacia su trabajo y ante los insuficientes recursos para erradicar la pobreza. En medio de sus vacaciones, percibirán adicionalmente en el 2025 unos G. 6 millones más, es decir, casi G. 40 millones mensuales.
Sin embargo, sus gestiones estuvieron manchadas de nepotismo, corrupción y vínculos con el crimen organizado. Como si fuera poco, promovieron medidas persecutorias hacia organizaciones que luchan por los derechos, la democracia y la igualdad. Cuando la campaña de desinformación no fue suficiente, recurrieron a una ley garrote para silenciar a la sociedad civil crítica.
Con este escenario se van acercando las próximas elecciones, con los mismos desafíos para la oposición: la de unidad, capacidad de diálogo y de ceder las aspiraciones personales para lograr un objetivo común y, por sobre todo, actuar en concordancia con el discurso, ante una sociedad que desconfía de la clase política y de los cambios que pueda aportar una oposición desordenada.
