Las invitaciones dirigidas a varios países, incluido Paraguay, mencionan el contexto de Gaza como justificación para la creación de la Junta de Paz; sin embargo, según su estatuto, no está limitada únicamente al proceso iniciado en Medio Oriente. En ese sentido, puede extenderse a “áreas afectadas o amenazadas por conflictos”, sin restricción de una región en particular.
Es decir, esta junta podrá intervenir en cualquier conflicto internacional. Al respecto, se discute su pertinencia en paralelo al funcionamiento de las Naciones Unidas.
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Otro aspecto llamativo es que el acceso y la permanencia en este organismo dependen de la voluntad de la presidencia y la contribución de los Estados. Por ejemplo, se establece la renovación de la membresía después de tres años, a excepción de los países que aporten más de USD 1.000 millones durante el primer año.
A pesar de este requisito, el estatuto menciona que se trata de “aportes voluntarios”.
El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, confirmó que nuestro país no pagará dicho monto; eso quiere decir que tendrá una limitada influencia en este nuevo organismo.
Potestad del presidente
Cada Estado representa un voto y las decisiones se toman por mayoría, aunque siempre están sujetas a la aprobación del presidente, quien podrá vetar las resoluciones en cualquier momento, según los capítulos III y IV que hablan de la Gobernanza y Junta Directiva.
Donald Trump es el presidente inicial y tiene la potestad de designar a su sucesor, además tiene la autoridad para crear, modificar o disolver entidades subsidiarias. También puede remover a los países de su mandato, aunque los miembros podrán vetar esta expulsión con dos tercios de los votos.
El estadounidense incluso podrá disolver la Junta cuando lo considere necesario.
Inmunidad
La carta constitutiva establece para la Junta y su personal privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones, mediante algunos mecanismos, entre ellos los acuerdos entre Estados.
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Este punto coincide con el Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés Status of Forces Agreement), firmado el mes pasado entre el canciller nacional y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
El polémico acuerdo establece que los militares estadounidenses que se asienten en Paraguay en el marco del acuerdo gozarán de exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal “de las misiones diplomáticas”.
