En las discusiones sobre la reforma de la Caja Fiscal se enfrentan dos sectores de la sociedad; por un lado, el funcionariado público, que advierte con huelgas y voto castigo y; por otro, el sector empresarial, con fuerte influencia político-económica.
Analistas sostienen que esta fragmentación no es casual, ya que cada sector busca eludir el impacto de las revisiones legislativas ante el elevado nivel de deuda pública.
El politólogo Guzmán Ibarra considera que el respaldo del sector privado ayudó a legitimar la iniciativa. Además, el consenso de que la reforma es necesaria, fue usado por el oficialismo para blindarse con el “escudo técnico” que ofrece el proyecto.
“Esto permite construir una narrativa de necesidad objetiva, donde las voces que se oponen aparecen ante la opinión pública caricaturizadas como defensoras de privilegios y no como actores legítimos que buscan participar del debate. Paralelamente, agrava la situación el tema de la propia Caja Parlamentaria, que constituye a todas luces un privilegio insultante para la sociedad”, manifestó sobre el tratamiento desigual de las cajas jubilatorias.
votos. Respecto al costo político que podría tener dicha reforma en una base electoral dura como el funcionariado público, Ibarra refirió que quizás haya una presunción de debilidad gremial de los trabajadores estatales.
“El único foco de resistencia compleja son los docentes, debido a su capilaridad y capacidad de movilización. Sin embargo, no queda claro si hoy pueden convertirse en “jugadores de veto” con la fuerza suficiente para frenar la reforma. Si los docentes logran organizarse y no son escuchados, indudablemente el costo político subirá”, advirtió.
También señaló que no es coincidencia la distancia temporal respecto a las elecciones generales del 2028, ya que podría utilizarse como estrategia del Gobierno para evitar el costo político de esta iniciativa.
“Es decir, se espera que el electorado olvide el enojo o relaje antes de las elecciones. Si el ajuste ocurre hoy, hay mayor margen para atenuar el impacto y recomponer vínculos con su base electoral”, enfatizó el politólogo.
resistencia. Por otro lado, para la analista Milda Rivarola, la reforma de la Caja Fiscal se planteó como respuesta a una situación de precariedad económica provocada por el exceso de deudas, pero que ningún sector está dispuesto a absorber los costos.
“El funcionariado público presiona para que no recaiga sobre ellos la reforma, que tienen sus derechos y privilegios hasta ahora.
Es algo medio normal a comienzos y a fin de año, porque tiene mucha capacidad de presión al inicio de clases y a fin de año porque se discute el presupuesto del año siguiente”, dijo sobre la amenaza de los docentes.
Este sector, junto con los policías y militares rechazan la propuesta del Ejecutivo que básicamente establece la edad mínima para jubilarse y aumenta el aporte de los trabajadores para sus fondos.
Por otro lado, Rivarola describe al sector empresarial indicando que, con estrategias, evita pagar el impuesto a la renta personal. A esto se suma que los agroempresarios no pagan impuesto a la exportación de granos en estado natural y hay bajo cumplimiento del pago del impuesto inmobiliario.
“El empresariado por supuesto empuja por la reforma del Estado –que no se da nunca más en forma seria– y presiona para que no caiga sobre ellos a través de renta personal el costo de la reforma”, puntualizó.
Contexto. El pasado 30 de diciembre, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de Reforma de la Caja Fiscal, con el argumento de evitar el quiebre del sistema y asegurar que los futuros jubilados puedan cobrar sus beneficios, considerando el déficit insostenible que al cierre del año pasado alcanzó los USD 380 millones.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2021 y finales de 2025, el desequilibrio acumulado superó los USD 1.050 millones.
Más de 120 gremios, incluyendo la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, han manifestado su apoyo a la reforma.
Consideran que la reforma es una corrección necesaria e impostergable para evitar la quiebra del sistema y que el déficit siga drenando recursos que deberían ir a salud y educación.
Estos gremios se oponen tajantemente a que el déficit se cubra mediante la suba de impuestos, exigiendo que el sistema se autofinancie.
Por otro lado, los trabajadores afectados, principalmente docentes, policías y militares retirados, mantienen una postura de fuerte rechazo o exigencia de cambios profundos.
Los docentes alegan que el proyecto “arrebata derechos adquiridos” y podría extender el tiempo de aporte en hasta 15 años.
Han amenazado con no iniciar las clases en febrero de 2026 si el proyecto avanza sin cambios.
Se ha convocado a una gran movilización nacional para el 5 de febrero de 2026 como medida de presión al Congreso.
- El funcionariado tiene capacidad de presión al inicio de clases y a fin de año, que se discute el presupuesto. Milda Rivarola, socióloga.
- Si el ajuste ocurre hoy, hay margen para atenuar el impacto y recomponer vínculos con su base electoral. Guzmán Ibarra, politólogo.
- 380 millones de dólares es el déficit de la Caja Fiscal. Sector de docentes y fuerzas públicas lideran las pérdidas.
- 1.050 millones de dólares es el déficit acumulado de la Caja Fiscal entre el 2021 y noviembre del 2025, según MEF.
