Los altos salarios en la función pública son uno de los temas más cuestionados por la ciudadanía y por ello, el proyecto de ley del servicio civil incluye una escala única de remuneraciones que deberán recibir los trabajadores que ingresen a trabajar para el Estado.
El Poder Ejecutivo presentó este miércoles la propuesta de reordenar el Estado a través de este proyecto ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. El documento contiene varias innovaciones de modo a lograr una mayor eficiencia y calidad en los servicios y mejorar el gasto público.
En ese sentido, la directora de Política Macro Fiscal del Ministerio de Hacienda, Viviana Casco, explicó que uno de los puntos principales de la propuesta incluye una escala salarial única, de manera a lograr salarios justos conforme a las responsabilidades en la función pública.
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“Esta escala establece los niveles salariales de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada funcionario o director y regirá para todos los que vayan a entrar cuando se apruebe y reglamente la ley”, aclaró en comunicación con Monumental 1080 AM.
Ley no será retroactiva
La directora explicó que la norma no será retroactiva, por lo que no se podrá afectar a aquellos funcionarios que hoy estén ganando por encima de las responsabilidades que tienen a su cargo.
No obstante, informó que se buscará “congelar” los salarios de aquellos trabajadores que perciban un salario superior a sus funciones y a su preparación.
Otros puntos que se incorporan en la propuesta tiene que ver con el articulado que señala que la única vía de acceso a la función pública será el concurso.
La normativa prevé además la duplicación de años para adquirir la estabilidad, de 2 a 4 años, condicionado a que el ingreso sea por concurso y evaluaciones objetivas de desempeño en las cuales ninguna debe ser deficiente. Además, deberán aprobar un examen de conocimientos específicos a la función realizada.
Esta ley establecerá también la carrera del servicio civil, dando previsibilidad laboral y evitando los aumentos discrecionales. También limitará los cargos de confianza que podrán ser designados por las autoridades públicas.
