Un hecho considerado sumamente grave y preocupante para la libertad de prensa y la convivencia democrática se registró en el distrito de Laurel, Departamento de Canindeyú, donde el intendente municipal Pablo Karajallo Pérez (ANR-HC) agredió físicamente al comunicador Juan Alcaraz.
De acuerdo con los datos recabados, el comunicador –trabajador de medios en Saltos del Guairá y actualmente activo en redes sociales y corresponsal de un medio capitalino– fue convocado hasta una vivienda del distrito para una conversación. Sin embargo, al llegar al lugar, el intendente municipal lo atacó violentamente sin mediar palabra, utilizando un látigo tipo arreador, con el que le propinó varios golpes en distintas partes del cuerpo, según se aprecia en el video.
Alcaraz no reaccionó ante la agresión y trató de retirarse del sitio, pero el jefe comunal continuó siguiéndolo mientras lo golpeaba.
“Yo acudí al lugar porque recibí el llamado de la señora, quien quería hablar conmigo. No esperé la reacción del intendente ni sabía qué problemas había con la familia. Aparte de agredirme, también rompió los vidrios de mi vehículo”, denunció Alcaraz.
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La escena ocurrió en presencia de varias personas, entre ellos niños, quienes se asustaron y comenzaron a gritar ante el violento episodio.
No conforme con la agresión física, el intendente también habría provocado daños en el automóvil del comunicador, rompiendo los vidrios del vehículo.
El hecho generó aún más indignación luego de que imágenes del incidente se viralizaran en redes sociales, donde se observa incluso la presencia de un agente policial de la comisaría local, quien no intervino para detener la agresión ni para proteger al comunicador.
La víctima presentará la denuncia formal este jueves ante el Ministerio Público de Katueté, instancia que deberá investigar lo ocurrido.
El caso genera fuerte repudio, ya que se trata de un ataque directo cometido por una autoridad municipal contra un trabajador de la comunicación, un hecho que pone sobre la mesa del debate la responsabilidad de las autoridades públicas y el respeto a la labor periodística.
