En el marco de la nueva epidemia de dengue que afronta el país, un grupo de diputados busca implementar una nueva ley que encrudezca las penas para los propietarios de los inmuebles que constituyan un principal foco de criadero del Aedes aegypti.
El proyecto de ley se centra en los periodos declarados de emergencia, de manera a que los ciudadanos tomen las medidas necesarias de mitigación ambiental domiciliaria en la lucha contra el mosquito transmisor del virus.
La iniciativa parlamentaria refiere que la sanción base sería un marco de pena privativa de libertad de seis meses hasta tres años o multa, una condena que puede ampliarse hasta cinco años, de comprobarse un caso especialmente grave.
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Para determinar la pena, según cita el documento, se tendrá en cuenta el estado de abandono del inmueble, la cantidad considerable de criaderos hallados y si el inmueble está en una zona que haya sido declarada de alta morbilidad por las enfermedades.
Este delito será de acción penal público perseguible de oficio, es decir, el Ministerio Público podrá iniciar la investigación con solo una denuncia verbal o escrita de algún vecino o autoridad.
Este documento también establece la excepción para el allanamiento de recintos privados, con lo que la intervención fiscal en estos sitios puede darse incluso sin orden judicial. Ello siempre y cuando existan denuncias fundadas del hecho punible tipificado.
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El Ministerio de Salud confirmó hasta el momento más de 2.000 casos de dengue durante estos meses y cuatro personas fallecidas a causa de la enfermedad.
Asimismo, de acuerdo con los últimos informes, 440 pacientes están en internación con cuadro sospechoso de dengue en todo el sistema de salud público y privado, y 14 están en terapia intensiva.
