El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) al Congreso el 25 de agosto pasado. Este Presupuesto es muy importante porque, según el plan de convergencia fiscal, en el 2026 el déficit en las finanzas públicas debe volver al tope del 1,5% del PIB fijado en la Ley 5098/13 de Responsabilidad Fiscal, luego de haberla excedido desde el año 2019.
Durante este largo periodo de 7 años de incumplimiento, el déficit fiscal promedio del Gobierno central fue del 3,5% del PIB y la relación entre la deuda pública y el PIB se duplicó, pasando del 20% en el 2018 al 40% este año; y la relación entre el pago de intereses y los ingresos totales del Tesoro casi se triplicó, pasando del 4,8% al 13%, representando una de las principales líneas del gasto en el presupuesto.
Sin embargo, a pesar de este salto en el índice de endeudamiento, una de las calificadoras internacionales ha otorgado el grado de inversión a la deuda soberana de nuestro país. Es razonable esperar que si cumplimos el plan de convergencia fiscal y se aprueba antes de fin de año una reforma de la Caja Fiscal que la encamine a una senda de equilibrio financiero, las demás calificadoras sigan el mismo camino. Por el contrario, si no cumplimos, es probable que terminemos perdiéndolo nuevamente en los próximos años.
Por lo tanto, es razonable que la principal premisa para la preparación del PGN 2026 sea respetar el tope de déficit fiscal en el 1,5% del PIB. Esta decisión, absolutamente necesaria, impone un límite al uso del endeudamiento para financiar los gastos de capital. Por otro lado, el crecimiento de la recaudación tributaria va alineándose nuevamente al crecimiento nominal del PIB. Según lo estimado por el MEF, que coincide con nuestras proyecciones, se recaudaría unos USD 500 millones adicionales de recursos tributarios el próximo año. De los otros ingresos, como royalties o transferencias de empresas públicas no se puede esperar mucho más, tal vez unos USD 100 millones adicionales. Por lo tanto, los recursos corrientes adicionales a distribuir para atender las múltiples necesidades de ampliación y mejora de los servicios públicos rondarían los USD 600 millones. A esto se suma, el endeudamiento adicional con el tope mencionado que asciende a USD 800 millones que se puede utilizar exclusivamente en gastos de capital. Esta será la realidad presupuestaria del país en los próximos ejercicios de mantenerse las condiciones actuales.
Alrededor del 50% de los recursos corrientes adicionales será absorbido por la inercia de los compromisos asumidos, los gastos rígidos. Por ejemplo: El aumento del déficit de la Caja Fiscal que será cubierto con recursos tributarios; el reajuste del salario mínimo a ciertos sectores del funcionariado; y los salarios de los maestros aumentarán en 3,5%. Además, el crecimiento de la deuda pública requiere un monto mayor de pago de intereses. Para los recursos remanentes, el Poder Ejecutivo propone su utilización en sus programas estratégicos. Los más resaltantes son la ampliación de las fuerzas policiales en más de 5.200 nuevos efectivos para reforzar la seguridad ciudadana; la incorporación de 30 mil nuevos beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores; y la contratación de 3.400 funcionarios, personal de blanco para los nuevos hospitales públicos. Una asignación razonable, de los escasos recursos disponibles. Algo revolucionario sería la aplicación de concursos con amplia publicidad y rigurosidad en la contratación de funcionarios, con un control estricto por parte del MEF.
La restricción presupuestaria será muy estricta en los próximos años. Al mismo tiempo, necesitamos de vastas inversiones en infraestructura básica y social para mejorar la competitividad y el bienestar de la gente. Por lo tanto, a corto plazo tendremos que tomar decisiones heroicas como nación si queremos seguir avanzando. Necesitamos una combinación de una férrea contención y reestructuración de los gastos corrientes con un importante aumento en la recaudación tributaria para dar pasos significativos. Pero esto requiere diálogo, acuerdos y compromisos políticos y sectoriales amplios y de largo plazo. Está por verse si estamos a la altura de las circunstancias.
