Coronel recordó que existe un decreto que prohíbe la pesca en el vertedero central, 3.000 metros aguas arriba y 3.000 metros aguas abajo, hacia el brazo Sanjosemí, en aguas compartidas con la República Argentina, informó la corresponsal Vanessa Rodríguez.
Aclaró que la navegación es libre, pero en ocasiones las embarcaciones son verificadas y, de hallarse objetos no permitidos, se procede a su incautación, lo que molesta a los pescadores.
“Esos controles, registros y vigilancias que nosotros ejercemos ahí y algunos procedimientos e incautaciones de embarcaciones y aprehensión de personas que estuvimos realizando en estos últimos días fue lo que motivó esta reacción de los gremios de los pescadores”, remarcó el titular de la Prefectura Naval.
Afirmó que los procedimientos no son ilegales ya que todo se realiza con la debida documentación y acompañamiento del fiscal ambiental y personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Seam). Igualmente, señaló que todo lo confiscado es entregado al Ministerio Público.
La semana pasada los pescadores comenzaron una serie de manifestaciones. Una mujer, miembro de la Coordinadora de Pescadores, se encadenó e inició una huelga de hambre para que el prefecto sea destituido.
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La pescadora de la ciudad de Ayolas exige que sean devueltos alrededor de 20 botes incautados por la Prefectura Naval. El gremio además cerró la ruta en la entrada de la ciudad, en el cruce Yaguary.
El fiscal del Medioambiente Francisco Martínez aclaró que hay zonas prohibidas en la central y en Añacuá, donde los pescadores no pueden ingresar.
