El Estado paraguayo está preparado para fracasar. Si no es por la vía de su diseño, es por el proceso para alcanzar sus supuestas metas establecidas, pasando por los miles de gestores que hacen parte de un batallón con el que el sector financiador del mismo se encarga de humillarse para lograr un sello o una autorización. Lo del IPS es una pequeña muestra de cómo opera el crimen organizado en un Estado para colocar a miembros de su ejército o para extraer recursos que alcanzan, según el BID 2 mil millones de dólares anuales. Si el malgasto se cortara sobrarían los recursos, pero caería del poder el Partido Colorado. Los que pretenden sustituirlo en muchos de los casos lo consolidan porque repiten en pequeño los mismos vicios condenados. En el alma de la raza del paraguayo, el Estado es una entelequia cuyos recursos son de quienes circunstancialmente lo administran.
Los contratados saben que están ahí solo por el salario porque el trabajo o no existe o es solo de nombre un cargo sin funciones. Los parientes de los legisladores se asombran cuando le cuestionan sobre sus nombramientos. Parten de la presunción que esas son cuotas otorgadas por la consecución de un cargo y nunca jamás un lugar desde donde servir a los contribuyentes. Lo peor es que muchos de estos saben que eso está mal, pero esperan que la tómbola les toque alguna vez. Tenemos un Estado poroso por donde se cuelan todas las alimañas empeñadas en corresponderse a los que los nombraron y nunca a la ley y menos a los contribuyentes. Con estos mecanismos se evaden tributos, se cambian leyes, se interpretan normas a gusto y antojo de fiscales y jueces para finalmente crear las condiciones de un Estado fallido capturado por los delincuentes, como ocurrió esta semana en el Ecuador. Les llevó su buen tiempo hasta lograr que el terror impusiera su lógica ante el asombro de millones que se preguntaban: ¿Cuándo se jodió el país?
Por la capilaridad de un sistema diseñado para la delincuencia opera toda la estructura. Políticos, policías, militares, jueces y fiscales que se han rendido ante la evidencia que no se puede ir contra el sistema sopena de graves costos personales y sociales. No nos inmuta las cancelaciones de visa o que endilguen a muchos de significativamente corruptos. Nada importa en este país que esas referencias equivalen a llamar con otros nombres a los personajes decadentes sin inmutarlos. Peña está en Guatemala, un país desbordado por la criminalidad que decidió entregar su fiscalía a la ONU que creó un órgano llamado Cecig desde donde detuvieron e investigaron a los grandes de la corrupción local. El fiscal era un colombiano y la experiencia fue notablemente singular en un país donde su sistema judicial se encontraba absolutamente al servicio del crimen. Estos personeros reaccionaron poco tiempo después y acabaron con el convenio. Son los mismos que buscaron por todos los medios evitar que asuma el presidente Arévalo que muchos temen pueda acabar como Jacobo Arbenz y sus consecuencias. El gran enemigo de la democracia es hoy el crimen organizado, cuyos tentáculos se encuentran extendidos en todas las áreas del quehacer cotidiano.
La porosidad de nuestras fronteras, la absoluta falta de control de nuestros cielos y pasos portuarios hacen que la criminalidad actúe a sus anchas y si además uno tiene solo un 1% de posibilidades de condena, el cuadro de la decadencia o de la septicemia país es más que elocuente.
Podríamos probar con el Cecig guatemalteco, solo que con eso se acaban las reuniones del quincho y ocurre una revolución. Mientras tanto, nos entretenemos mirando como una abogada de una cuestionada senadora hacía formar colas a varios incautos que pretendían cobrar un salario en el IPS, nunca ejercer una tarea.
Si no queremos terminar como Ecuador debemos sacudirnos de esta deriva corrupta que nos lleva al precipicio y al terror.
