Hemos vuelto a vivir a lo largo del 2025 esa recurrente paradoja paraguaya: Una macroeconomía que camina en un sentido y un malestar social que va en sentido contrario. El nuestro es un país con escasas eclosiones sociales, pese a que, con frecuencia, sobran los motivos para la protesta. Ese “quietismo” obedece a una compleja estructura de desarticulación que combina legados históricos, barreras legales y una economía que fragmenta a la clase trabajadora. Persiste una cultura del miedo al “lío” y una valoración de la “paz” por encima de la justicia social, una herencia del stronismo.
Eso se observa en la debilidad del sindicalismo paraguayo. Cerca del 67% de la fuerza laboral es informal –el promedio regional de informalidad es de 47%– lo que hace que el trabajador sin contrato ni estabilidad difícilmente se una a un sindicato; su prioridad es la sobrevivencia diaria. Los sindicatos más grandes pertenecen al Estado y sus cúpulas encuentran con frecuencia una “armonía” con el Gobierno. Los sectores más activos fueron los de los docentes y los del personal de salud pública que reclamaron, una vez más, reajustes salariales.
Por su parte, el Ejecutivo se enorgullece de haber alcanzado un récord histórico en el empleo formal con 85.000 nuevos cotizantes en el IPS y la generación de 36.000 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial.
También las organizaciones campesinas, que fueron históricamente el motor de las protestas, cruzaron este año signadas por una crisis provocada por la criminalización de las ocupaciones y el modelo de producción extensiva que ha desplazado físicamente a las comunidades, lo que va rompiendo el tejido social de las organizaciones tradicionales. Aun así, fue un año de contrastes, porque se consolidaron avances históricos en la titulación de tierras y la resolución de conflictos emblemáticos, como la titulación definitiva a favor de los ocupantes de la ex colonia Marina Cué, cerrando un capítulo de conflicto agrario que duró más de una década y que era un símbolo de lucha para el campesinado. El complejo cárnico y la agricultura familiar terminaron el año con récord de exportación y la apertura de nuevos mercados internacionales.
En cuanto a la movilización juvenil y estudiantil puede decirse que la de la Generación Z ha relanzado la protesta callejera con herramientas digitales y una identidad menos partidaria y más horizontal. El Gobierno descubrió que la juventud no solo usaba el celular para ver memes y se preparó con 3.000 policías para contener a 300 jóvenes con carteles hechos a mano. La movilización por el “Arancel Cero” y la gestión de “Hambre Cero” mutó en una protesta sistémica.
Si bien son capaces de generar tendencias masivas en redes, la transición hacia una organización política que sostenga la presión en las calles durante meses sigue ausente. El Gobierno de Santiago Peña ha calificado a estas voces como una “minoría ruidosa”, apostando a que el descontento no se traduzca en una crisis de gobernabilidad ni se traslade a las cercanas elecciones municipales.
2025 será recordado como el año en que las organizaciones de la sociedad civil sufrieron embates de restricciones y vigilancia más intensos desde que se inició el periodo democrático. La Comisión Bicameral de Investigación fue utilizada como instrumento de inquisición moderno. Las cámaras legislativas apuntaron a las ONG como “enemigas de la patria” por recibir fondos extranjeros mientras el capital de dudosa procedencia circula con alfombra roja en otros sectores. La Ley 7363 no es un control administrativo, sino es una “auditoría preventiva de la crítica”.
Así mismo, los avances en transparencia gubernamental que permitieron desde 2014, con la sanción de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública, descubrir tantos abusos e irregularidades, fue desvirtuada por un artículo de la ley de protección de datos personales de los funcionarios.
El programa estrella contra las adicciones y la inseguridad ciudadana terminó el año con resultados meramente narrativos. La percepción de inseguridad aumentó al ritmo de los “motochorros”, mientras la respuesta social fue el aislamiento.
El 2025 cierra con una sociedad civil que sabe vigilada, pero que también ha perdido el miedo a la etiqueta de “opositor”.
