En el caso, se constituyeron en la sala de juicios los magistrados María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, para informar a las partes que no contaban con el expediente debido a que el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, tenía los autos principales. Con ello, dijeron que estaban imposibilitados de llevar adelante el juicio oral y público contra los acusados. En el caso, se habla de un supuesto perjuicio de unos G. 60.000 millones contra el Estado paraguayo.
En la causa, ahora deben ser sometidos a juicio oral, el ya citado ex presidente del Indert Ignacio Luis Ortigoza, detenido este año tras estar prófugo 6 años; el ex gobernador y ex parlasuriano Milciades Duré; el ex intendente de Iruña Justo Gamarra y el perito tasador Mario Echeverría, todos ellos, acusados por supuesta lesión de confianza.
Una de las defensas planteó recurso de reposición contra la fijación del juicio oral, ya que existen acciones de inconstitucionalidad pendientes de ser resueltas en la Corte Suprema, con lo que entendían que no se podía hacer el juicio oral.
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En un primer juicio oral, Gamarra y Duré habían sido absueltos, pero el Tribunal de Apelación anuló el juzgamiento, por lo que de nuevo deberían estar en el banquillo de los acusados.
Contra este fallo, ambos plantearon acción de inconstitucionalidad en mayo del 2021. La Sala Constitucional le dio trámite a las acciones en diciembre del 2024, y en el mes de junio pasado, se acumularon ambos pedidos, con lo que se dictará un solo veredicto.
Estas son las acciones pendientes y por lo que las defensas promovieron recurso de reposición contra la fijación del juicio oral. Los jueces rechazaron el pedido, pero le dieron trámite a la apelación subsidiaria. Es por este recurso que los camaristas pidieron el expediente principal.
Además, en la audiencia de hoy tampoco estaba presente Ignacio Luis Ortigoza, ya que no pudo ser trasladado desde el Penal de Pedro Juan Caballero, donde se encuentra privado de su libertad.
Según los antecedentes, en el 2013, el Indert compró 5.742 hectáreas de tierra en Cordillera, de la firma San Agustín. Sin embargo, el predio debía ser destinado a la agricultura familiar campesina, pero no era apto para ese fin.
La empresa San Agustín estaba ligada al ex senador oviedista Jorge Oviedo Matto, y supuestamente se habrían usado para las elecciones de ese año 2013.
