El agente de policía detenido el jueves con veinte fusiles calibre 7.62, catalogados como armas de guerra, hace mucho tiempo presta servicio una subcomisaría de la conflictiva zona de Canindeyú, donde se mezclan el crimen organizado que se dedica al cultivo y tráfico de marihuana, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), campesinos armados en asentamientos irregulares y policías corruptos.
No se sabe con certeza si la estructura a la que responde el detenido, suboficial mayor Tomás Alcides Trinidad Flecha, ha enviado otro cargamento de armas a los grupos criminales del Brasil, pero la idea a partir de esta incautación es desmantelarla, aseguró ayer el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, en conferencia de prensa en la base central.
“En principio, muchas de las culatas, de los componentes de estas armas, tienen el logo de la Guardia Civil Española; en teoría debían ser destruidas, como lo ven, no se hizo”, inició el ministro.
Declaró que ahora analizarán la ruta que siguió estas armas, pero evidentemente, fueron acopiadas en un lugar fuera del país, luego introducidas al territorio nacional para traficar después hasta los sitios donde gobiernan los criminales en las grandes ciudades del Brasil, como en este caso sería la favela Rocinha, en Río de Janeiro, a donde supuestamente estaban destinadas las armas esta vez incautadas.
“Hablé con el comandante de la Policía; sus especialistas van a analizar también las armas. Hablé con el general (Melanio) Servín, de la Digemabel, que se va a encargar también de esto; y a cargo de los especialistas, determinar si estas armas fueron ya utilizadas en algún hecho punible”, puntualizó Rachid.
El ministro consideró, por el circuito, que esta persona estaba recorriendo, dentro del Alto Paraná, en la frontera con Brasil, iban para ese país. “Si esas armas son malvendidas aquí, fácilmente rondarían los 10 mil dólares, y si son vendidas en Brasil, fácilmente doblarían su pecio”, estimó.
PROBLEMA. Otro aspecto resaltante dentro de la lucha contra el tráfico de armas reside en donde se acopian estas armas, fuera del país. “Por ejemplo, Miami es un problema tanto para drogas como para armas, porque los componentes para armas que envían a otros países; a Paraguay, por ejemplo, son enviadas sin mayor rigurosidad, sin mayor control; son muy frágiles los controles”, dijo Rachid.
“Puntualmente, en Miami uno puede acceder a una aplicación, poner cualquier nombre y enviar lo que sea. Esa es la realidad. Nosotros necesitamos coordinar a otro nivel ya este tipo de cuestiones, porque nos está generando problemas a nosotros, debido a la fragilidad de controles en otros países”, remarcó.
Según el general Melanio Servín, de la Digemabel, el crimen organizado aprovecha la relativa flexibilidad para la compra de armas y sus piezas para su uso; estos fusiles, en particular, de uso militar, son descategorizados y entran a un sistema de desuso.
Estas condiciones son las que aprovechan y acopian en Estados Unidos, y los envían por Miami, en cargueros que llegan al aeropuerto Silvio Pettirossi tres veces por semana, explicó el jefe militar.
YASY CAÑY. Luego de ese recorrido es que agentes logísticos, como lo es supuestamente el suboficial mayor Trinidad Flecha –que prestaba servicio en la Subcomisaría 27 de la colonia Acepar, distrito de Yasy Cañy, zona donde hace días fue quemado un puesto policial y asesinadas tres personas– se hacen cargo del paquete en este tramo, lo carga en su propio vehículo y completa el circuito que debía acabar en Ciudad del Este o algún punto de la frontera para hacerlo llegar a manos de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o de otras que operan en las favelas brasileñas.
Acusa al uniformado por desalojo
Cuando viene mal, todo cae mal; esta ley se cumplió con el suboficial mayor Tomás Alcides Trinidad Flecha, ya que luego de su aprehensión transportando en su vehículo particular veinte fusiles de guerra, una señora lo reconoció y divulgó un video en el que responsabiliza al uniformado de un desalojo totalmente irregular ejecutado hace un mes.
La denunciante, Villar Martínez, pidió justicia, pues señala al policía como el que los desalojó de su casa en la colonia Yvy Pyahu,
Quiero contar a la audiencia que ese policía Trinidad, que ahora fue agarrado, el pasado 29 de junio nos desalojó de nuestra casa, nos tiró afuera todas nuestras pertenencias, sin orden judicial, no trajeron ninguna clase de documento, vinieron y nos desalojaron de nuestra casa. Ahora ese policía fue agarrado; quiero que se comparta para que se sepa qué clase de policías son estos policías”, se quejó.
