El cierre de ruta se realizó a la altura del kilómetro 26, de la ruta 1, en la ciudad J. Augusto Saldívar, frente a la Municipalidad. Los manifestantes exigen la conclusión de un centro de especialidades y el reconocimiento de la comisión vecinal de un asentamiento de la localidad.
Aproximadamente, 100 personas de la localidad salieron a la calles. El corte de la ruta duró cerca de una hora, entre las 19.30 y 20.30 de este viernes.
La primera exigencia se trata de la conclusión del Centro Ambulatorio de Especialidades (CAES), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, una obra paralizada luego de haberse detectado irregularidades.
Según los pobladores, en el 2011, supuestamente, el Municipio liberó G. 550 millones para la compra del inmueble que se destinaría para el establecimiento de salud. La obra inició, el pago se realizó, pero las tierras siguen a nombre de la propietaria y vendedora María Rosalba Morel Enciso, tras más de siete años de la compra.
Por esa razón, la cartera sanitaria no puede seguir invirtiendo en la obra, y la construcción quedó abandonada desde hace más de seis años.
Los ciudadanos se movilizaron para apresurar las gestiones y exigir a la Intendencia que se retomen las acciones necesarias y que las tierras pasen a nombre del Ministerio para que se incluya en el Presupuesto General de la Nación (PGN), antes de noviembre.
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Por otra parte, los integrantes del Asentamiento 10 de agosto reclaman el reconocimiento de su comisión vecinal. Sostienen que el intendente Daniel Báez rechazó la renovación de dicha comisión, que en una asamblea legítima eligió como presidenta a Elena Vázquez.
Argumentan que el rechazo se debe a una cuestión política, puesto que el actual presidente de la comisión es el concejal Antonio López Moreira, quien, supuestamente, está siendo protegido por el intendente municipal.
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Además, solicitan la intervención del municipio por la suma de irregularidades en la administración. Entre ellas, obras fantasmas y faltantes del almuerzo escolar.
Reclamaron que dichos casos ya fueron denunciados ante la Fiscalía de Delitos Económicos, la Controlaría General de la República (CGP) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero las instituciones competentes no actúan.
