El director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, por la defensa del intendente Óscar Rodríguez y los 11 concejales, Fabiana Benegas de Sánchez, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, Karen Forcado, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román, Elena Alfonsí y Javier Catalino Pintos Báez, pidió la nulidad del acta de imputación por el caso Empo Ltda.
La imputación ya fue admitida por la jueza Hilda Benítez y todos los procesados deben presentarse al Juzgado del 19 al 23 de octubre para la imposición de medidas cautelares, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
En el incidente de nulidad del acta de imputación, el abogado Torres manifiesta que la fiscala Stella Mary Cano ha formulado imputación en contra de personas sin identificar sus nombres y apellidos completos, sin indicar sus domicilios respectivos, sin mencionar la edad de todas y cada una de ellas y sin referir todos los estados civiles de las mismas.
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Explica que el debido proceso impone taxativamente la indicación precisa de todos estos datos para la identificación correcta de los imputados que requiere la norma, a los efectos de ejercer debidamente sus legítimos derechos procesales y constitucionales, los que se encuentran decisivamente condicionados a estos datos precisos como informe previo.
Refiere que prueba palpable de ello ha sido la disposición de la jueza Penal de Garantías en la providencia de fecha 7 de octubre de 2020, de devolver a la representación del Ministerio Público el requerimiento de imputación precisamente por conculcación de la normativa.
“Pero como podrá notarse, en la referida providencia solo se ha solicitado la indicación de los domicilios de los imputados, no así los demás datos de identificación, habiendo efectivamente la Fiscalía proporcionado solo los datos que corresponden a las direcciones domiciliarias. En consecuencia, ha quedado latente la violación de esta disposición por la que solicitamos la nulidad del acta de imputación por este grave defecto de forma”, señala el escrito.
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Se agrega además que el Ministerio Público no individualiza en cuál de los incisos de la norma penal se incursa la conducta de los imputados por el supuesto hecho de producción de documentos no auténticos.
Por otra parte, refiere que en la relación de hechos, la Fiscalía no describe, ni sucinta, concisa, escueta, breve, extensa, detallada ni precisamente, el hecho o los hechos típicos que se les atribuyen a cada uno de los acusados.
Tampoco describe la fecha, ni el lugar, ni la hora en que supuestamente se ha producido el documento reputado como no auténtico, no indica pericia alguna que corrobore la falsedad de documento alguno.
“La agente fiscal en forma totalmente irresponsable ha formulado imputación por publicaciones periodísticas y por meras manifestaciones de una tercera persona; sin siquiera formular hipótesis fáctica alguna, ni circunstancia sospechosa, ni determinar vinculación alguna y mucho menos de participación de los imputados, en abierta violación de las disposiciones contenidas en el Artículo 302 del Código de Procedimientos Penales”, expresa el texto.
Además se manifiesta que los defectos que se presentan en el acta de imputación son bastantes serios e inciden directamente en el objeto del eventual proceso a seguir, vicios estos que vulneran sensiblemente el sagrado, legítimo y constitucional derecho de defensa.
El caso
La Fiscalía imputó a Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, al actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez, a once concejales y a la ex directora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción, María Laura Schiavo, por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.
Todos fueron imputados por producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación, basamentados en la denuncia formulada el 19 de octubre del 2018 por Rosemary González.
La misma hace referencia a la ejecución del contrato suscripto con la empresa Empo Ltda. para la prestación de servicios de disposición final de residuos, sólidos, urbanos y de servicios complementarios.
Según se desglosa de la imputación, Mario Ferreiro, en su carácter de intendente municipal de Asunción, junto con Óscar Rodríguez, entonces presidente de la Junta Municipal, además de los concejales, así como de María Laura Schiavo, jefa del Departamento de Contratos de la Municipalidad de Asunción, con su conducta habrían permitido el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso y con ello indujeron en las relaciones jurídicas al errar sobre su autenticidad, para lograr el pago de G. 1.701.107.120 a favor de Empo Ltda.
