El edil Humberto Blasco solicitó vía minuta que se indemnizara a los pobladores ubicados en el área de la calle Nuestra Señora del Carmen. En esta zona se realizan las obras enmarcadas en el proyecto de desagüe de la cuenca Santo Domingo, que debía financiarse con los bonos.
“Quiero pedir el apoyo del pleno en que se comisione el fiscal de obras de la Municipalidad de Asunción, para que pueda relevar los daños y perjuicios ocasionados por esta situación”, dijo el concejal. “También el asesor jurídico, para reclamar la indemnización que corresponde, por supuesto, cuando se realizan obras que pueden causar daños a los vecinos”, añadió.
El concejal hizo estos pedidos durante la última sesión de la Junta Municipal. Recordó que la familia Aquino, afectada por la obra en ejecución, vive en la zona hace más de 60 años, “antes de que hubiera un metro cuadrado de empedrado”.
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Señaló que es la primera vez que una tormenta afecta a los miembros de la familia, como es el caso del señor Carmelo Aquino, quien contó a Última Hora que su vivienda se llenó de agua durante la lluvia registrada el 22 de mayo.
“Sus casas son sólidas, de buen material, no estamos hablando de un asentamiento al borde del arroyo, sino de residencias fuera de cota de inundación”, dijo el concejal Blasco, y añadió que fue “la disposición de la maquinaria sobre la calle” la que “hizo de represa” y “provocó un reflujo de los raudales, lo que derivó en la inundación de las residencias”.
Blasco indicó que el pedido de indemnización está dentro del Código Civil y que debería estar incluido en el contrato firmado con la empresa, en este caso el Consorcio Pluvial Santos (integrado por Construcciones y Viviendas Paraguayas SA y Chaves Construcciones SAI).
“Es más, la propia contratista debe tener una póliza de seguros contra daños contra terceros”, refirió el edil.
En el documento de la licencia ambiental de la obra, de hecho, se incluye el siguiente apartado: “Artículo 8: La presente DIA (Declaración de Impacto Ambiental) no autoriza la realización de obras o actividades que no se adecuen a las normas de ordenamiento urbano y territorial municipales, así como tampoco exime de responsabilidad civil a los responsables de obras o actividades en caso de que las mismas causen daños a terceros”.
El pedido de indemnización y relevamiento de daños fue remitido con carácter urgente a la Intendencia.
¿Y los G. 500.000 millones?
La obra de desagüe de la cuenca Santo Domingo debía financiarse con los bonos G8, que se emitieron en 2022 por valor de G. 360.000 millones. La Municipalidad ya pagó G. 14.030.390.947 a la empresa adjudicada, pero todavía le queda pagar G. 58.359.055.777. Sin embargo, en la cuenta bancaria de estos bonos (Banco Basa Bonos CC 100121407) solo se registra una disponibilidad de G. 306.521.948, según el último balance de la Municipalidad.
Dicho documento revela además que el dinero de los bonos G6 y G7 sigue “desaparecido”, puesto que no se incluye entre las cuentas bancarias rendidas en el balance general. En total, solo hay G. 804.792.024 de bonos, según el documento, cuando debería haber G. 506.737.239.031, como se expone entre los ingresos consolidados del 2024.
