18 ago 2026

Preparan la entrega de los primeros 160 títulos en Marina Cué

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Masacre. Los pobladores de Marina Cué siguen recordando la masacre del año 2012.

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El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó que su titular, Francisco Ruiz Díaz, mantuvo una reunión con los miembros de la Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia San Óscar Romero (Marina Cué), para programar la próxima entrega de los primeros 160 títulos de propiedad a los colonos de la comunidad.

Ruiz Díaz informó que la institución actualmente está confeccionando los títulos de propiedad de cada uno de los ocupantes del asentamiento agrario y que los mismos ya están en condiciones de ser entregados apenas culmine dicho trabajo.

Del encuentro participó el padre Pascual Kinoti (asesor del proceso de regularización de Marina Cué), que acompañó desde el principio el proceso de formalización de tierras de la colonia, desde hace más de un año, con una perspectiva de feliz culminación, según informó el ente agrario.

Detallaron además que esta semana se prevé una reunión de coordinación con el ministro del Interior, Enrique Riera, oportunidad en la que se revisará el listado de obras de desarrollo previstas por la comunidad, tales como la construcción de caminos, escuelas, comisarías, unidades de salud familiar.

También informaron que la Administración Nacional de Energía (ANDE) ya culminó los trabajos de construcción de una línea de energía trifásica, por lo que ya se encuentra operativa y disponible para la comunidad.

ANTECEDENTES. Las numerosas familias campesinas vienen luchando hace varios años por el acceso a la tierra en dicha zona, peleando además contra la familia del ex senador colorado Blas N. Riquelme.

El punto más crítico fue en el año 2012, cuando se dio la llamada Masacre de Curuguaty, enfrentamiento entre civiles y policías que acabó con 11 campesinos y 6 policías muertos, y devino en el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo.

El informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) cuando se cumplieron los 10 años del caso, recuerda que los campesinos iniciaron su lucha por dichas tierras en el año 2004, y que las dos mil hectáreas del lugar conocido como Marina Cué, eran “tierras públicas usurpadas por una empresa propiedad de un latifundista, empresario y político del gobierno”, con relación a la firma Campos Morombí y su relación con la familia Riquelme.

El informe señaló el juicio político a Lugo como una “articulación golpista de la élite económica, cuya fuente de poder se liga fuertemente al latifundio y el agroextractivismo”.

También recuerda el juicio llevado contra once campesinos, que terminó en una condena. Posteriormente, un Tribunal de Apelaciones anuló las condenas, pero las muertes de los once campesinos no se aclaró.

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