La denuncia fue presentada en la mesa de entrada de la Dirección de Secretaría Privada de la Intendencia y remitida al interventor Carlos Pereira. Apunta a “funcionarios municipales, profesionales abogados y terceras personas” que estarían estafando a ciudadanos prometiendo cargos en la Municipalidad, según informó el abogado Enrique Wagener, líder de la plataforma.
El documento de la denuncia detalla tres casos en particular e identifica a los involucrados. En todos los casos, se habla de un abogado identificado como Guillermo Enciso, quien habría estado pidiendo G. 20 millones a cambio de cargos dentro de la Comuna.
En la denuncia se apunta a que se habrían registrado los presuntos hechos punibles de estafa, asociación criminal y cobro indebido de honorarios. Esto durante la administración del imputado intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez.
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El primer caso narra la estafa que habría sufrido la ciudadana Graciela Patrocinia Lezcano Duarte, “funcionaria de la Municipalidad de Asunción, asignada al Jardín Botánico”.
La mujer, según la denuncia, se reunió en marzo de 2024 con el abogado Enciso y con los funcionarios municipales Miguel González, Francisco Acosta y otro hombre no identificado y que “sería pariente de este último”.
En dicho encuentro, llevado a cabo en una estación de servicio (ubicada en Artigas y Primer Presidente), el abogado le comentó a Graciela que él “conseguía contratos, cargos y aumentos salariales en la Municipalidad de Asunción a cambio de (...) G. 20 millones”.
Acosta, a su vez, indicó que había un puesto disponible en la Municipalidad con una remuneración diaria de G. 160.000, vacancia que habría sido confirmada por Enciso.
El abogado, por su parte, mencionó que podía “conseguirle (a Graciela) un aumento salarial de entre G. 300.000 y G. 350.000 adicionales, a cambio de la suma de G. 4 millones por dicha gestión”. Según la denuncia, Enciso también contó que él trabaja en equipo con otras personas “involucradas en conseguir las mejoras y cargos ofrecidos”.
Además, el abogado añadió que había cargos disponibles en el Jardín Botánico (turno nocturno) y en la terminal de ómnibus, hoy denominada Estación de Buses de Asunción.
Enciso, en este caso en específico, aseguró que no cobraría los G. 20 millones que mencionó en un principio. En su lugar, pidió G. 15 millones “por conseguirle uno de los cargos” al hijo de Graciela, y G. 4 millones “por conseguir el otro cargo” para la sobrina de la mujer.
La denuncia indica que el abogado pidió inclusive otros G. 4 millones, “ofreciéndole (a Graciela) iniciar las supuestas gestiones con una entrega inicial de G. 20 millones”. La afectada tendría que pagar el saldo restante en cuotas.
El abogado recibió G. 4 millones, en atención a la promesa de que gestionaría el referido aumento salarial y facilitaría los cargos mencionados para los parientes de Graciela. Tras el primer encuentro, recibió otros G. 20 millones del hijo de la mujer, el ciudadano José Duarte.
Este último intercambio ocurrió en la casa de Graciela, a donde acudió el abogado para recoger el dinero y entregar un recibo por el pago. Enciso, según la denuncia, “se comprometió a conseguir los puestos (...), agregando que era un hecho que iba a conseguirlos”.
Días después de que se registrara la visita de Enciso, tanto el hijo como la sobrina de la afectada fueron a la sede central de la Municipalidad, atendiendo a una supuesta llamada que recibió Graciela por parte del abogado. Este le habría pedido que los parientes de ella fueran a realizar un test psicotécnico en el sexto piso de la Comuna.
“En el lugar, el abogado entra a la oficina y retira unos papeles, que se llenan en el pasillo, les tomó el examen (a los parientes de Graciela) y luego volvió a ingresar a la oficina, y tras terminar el test, se retiran”, indica parte del documento presentado este viernes.
Finalmente, la denuncia da cuenta de una tercera reunión en la casa de Graciela, durante la cual Enciso recibió otros G. 10 millones. Este manifestó en una llamada telefónica que el test psicotécnico “fue favorable y que prácticamente ya estaba todo hecho, que tenían su lugar asegurado”, motivo por el cual “estaban apurados en el último pago de G. 10 millones”.
Tras el último pago, la mujer intentó contactar con el abogado en numerosas ocasiones, pero este ya no respondió y desapareció con todo el dinero robado.
La denuncia informa de otros dos casos similares registrados en distintos meses del año pasado. Entre los afectados se menciona a los ciudadanos José Duarte (hijo de Graciela), David González y Carolina González, hermana de David y quien habría entregado G. 20 millones y también habría fotografiado el recibo ofrecido por el abogado denunciado.
En todos los casos mencionados por la denuncia, se registró el mismo modus operandi, pero en distintas circunstancias, aunque con el mismo pedido de G. 20 millones a cambio de cargos dentro la Comuna.
“Se solicita al señor interventor tomar las medidas administrativas correspondientes en contra de los funcionarios identificados en este escrito, así como la comunicación de los hechos relatados al Ministerio Público”, dice el documento presentado en la Intendencia.
La denuncia se remitió junto con un pendrive que incluye archivos digitales de conversaciones que habrían mantenido el abogado Guillermo Enciso con los afectados.
