Un Ministerio Público transparente fue la promesa de la nueva fiscal general del Estado y, según Petta, Quiñónez deberá demostrar si está dispuesta a cumplir su palabra entregando la carpeta de la investigación del caso Piñánez.
El senador indicó en contacto con NoticiasPy que si bien no existen mayores cuestionamientos en la carrera de la fiscala, una observación en su contra por parte de la familia del militar fallecido podría ser determinante.
El capitán Enrique Piñánez y el suboficial del Ejército José Manuel González Ferreira murieron en extrañas circunstancias en la noche del 26 de noviembre del 2014 sobre la ruta 5, en la zona de Cuero Fresco, Concepción, cuando el vehículo en el que se trasladaban fue destruido por la detonación de una bomba que, como explosivista, el mismo Piñánez había preparado, durante un operativo de combate contra la ahora extinta Agrupación Campesina Armada (ACA).
La información oficial dicta que se trató de un atentado de la banda criminal. No obstante, el padre del capitán, general Herminio Piñánez, sostiene que el hecho fue un complot de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), debido a que su hijo comenzó a descubrir graves hechos de corrupción en la FTC.
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El general habló de diversas pruebas que podrían corroborar esta versión, por lo que Petta y otros senadores conformaron una comisión para investigar el caso. En ese marco, desde la Cámara Alta solicitaron a los fiscales que estaban a cargo, Joel Cazal y Sandra Quiñónez, entregar la carpeta fiscal. También el padre de la víctima pidió en varias ocasiones conocer los detalles de este documento, pero la Fiscalía negó el pedido en todo momento.
El legislador relató que la Fiscalía presentó una acción de inconstitucionalidad para seguir ocultando la carpeta y la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Ministerio Público no tenía obligación de revelar datos al Senado.
La Fiscalía argumentó que la carpeta fiscal contenía información sensible, sin embargo, según Petta, al ocultar el documento se viola el derecho de la víctima de conocer los detalles de la investigación, como lo establece el Código Procesal Penal.
El senador manifestó que esta es una nueva etapa, ya que actualmente se desempeña como miembro del JEM y Quiñónez, como máxima autoridad del Ministerio Público, por lo que exigirá la carpeta fiscal del caso que considera no fue investigado bajo los términos de la verdad. “Vamos a ver si mantienen el hermetismo”, expresó.
La condición para dar el acuerdo
El senador colorado dijo que la revelación de esta carpeta fiscal era la condición para que la bancada de Colorado Añetete diera su voto a Sandra Quiñónez, por lo que pidió que la sesión se realizara el próximo martes.
Sin embargo, el oficialismo, que en principio había aceptado este requisito, no cumplió y el acuerdo fue otorgado este jueves, además, con votos de dos senadores disidentes, Enrique Bacchetta y Óscar Salomón.
De todos modos, Petta descartó una sanción para estos dos legisladores por no cumplir con lo acordado.
Quiñónez promete “medidas” en el caso Piñánez
Sobre el caso de la muerte de los militares, Quiñónez manifestó que en su momento fue llamada por el fiscal general del Estado para tomar declaraciones de diferentes personas en el marco de la causa y que entregó toda la información que obtuvo. Recalcó que, no obstante, el caso no estaba a su cargo, sino del fiscal Joel Cazal, quien estuvo en el lugar del hecho.
“Voy a llamar a Cazal y voy a tomar las medidas que no se tomaron”, sentenció.
Este jueves el Senado aprobó la designación de Sandra Quiñónez como fiscala general del Estado con 24 votos a favor, por parte del oficialismo colorado y de la bancada liberal, y 14 en contra.
La fiscala asume el puesto para el que fue designado como encargado de Despacho Alejo Vera, en lugar de Javier Díaz Verón, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
