En un concurso abierto por la Cámara de Diputados se ofrecen vacancias para 50 profesionales: Abogados, informáticos, comunicadores, diseñadores, economistas, licenciados en lengua inglesa, guaraní, contadores y otros. Los seleccionados ingresarán a direcciones, secretarías y comisiones, y para todos el salario ofrecido es de G. 4.500.000. El concurso, anunciado con jactancia y fanfarria por el titular de Diputados, se ve claramente como un burdo intento de encubrir el nepotismo que persiste impune en el Congreso.
Desde la Cámara de Diputados iniciarán un proceso, involucrando incluso tiempo de labor de la Universidad Nacional para un llamado a concurso abierto con el objeto de contratar a unos 50 profesionales de diversas áreas del conocimiento; a todos les piden elevados estándares y les ofrecen un salario de G. 4.500.000.
El pomposo anuncio realizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fue efectuado tras meses de críticas y duros cuestionamientos por parte de la ciudadanía por las escandalosas contrataciones de hijos, esposas, nueras y otros familiares de senadores y diputados, como también por sus escandalosos y elevados salarios.
El burdo intento por disfrazar el descarado nepotismo e incluso seguir justificando la sobrepoblación de funcionarios en las oficinas del Poder Legislativo es un fracaso, pues el intento expone lo que es evidente. A los profesionales a quienes invitan a postularse les exigen maestrías, doctorados y años de experiencia y en compensación, si fuesen seleccionados, recibirían un salario de G. 4.500.000, mientras que el hijo de la diputada liberal-cartista Roya Torres, Elías Godoy Torres, quien apenas culminó el bachillerato seguirá siendo un funcionario permanente en calidad de “asesor”, con un salario de G. 9.500.000 y un seguro médico privado.
Según el asesor jurídico Máximo Medina, hay unos 34 sumarios por planillerismo, una persona ya fue desvinculada por no presentarse en su lugar de trabajo y hay otro caso en proceso. Estos son casos que están siendo investigados respecto a ausentismo, marcación fuera de horario.
Sin embargo, ninguno de los nepobabies está sumariados; presuntamente no figuran en la planilla de sumariados debido a que la Fiscalía se encuentra analizando la denuncia presentada por la organización Somos Anticorrupción, organización que presentó la denuncia contra autoridades y algunos funcionarios por indicios de hechos punibles tales como tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, lesión de confianza y administrativa por nepotismo en violación a la ley que prohíbe el nepotismo.
Este llamado a concurso se ve como una burla ante los duros cuestionamientos a la clase política por su desvergüenza a la hora de contratar a sus familias. Porque, a diferencia de nepobabies como la hija del vicepresidente Pedro Alliana, Montserrat Alliana, quien sin haber culminado una carrera de grado ya gana G. 18 millones en la Cámara Baja, la misma institución exige ahora a los concursantes contar con un título de grado, maestría y, preferiblemente, un doctorado. Y mientras a un médico le ofrecen G. 4.500.000 para asesorar, dictaminar, asistir a reuniones técnicas y elaboración de proyectos de la comisión de Salud Pública, el hijo de la diputada Torres, quien apenas culminó el bachillerato seguirá ganando un salario de G. 9.500.000.
Al presidente de la Cámara de Diputados no le importa ni le preocupa que los jóvenes del Paraguay carezcan totalmente de oportunidades ni expectativas para aspirar a un futuro mejor, al igual que otros millones de ciudadanos sin empleo, salud, educación ni seguridad. La clase política paraguaya está logrando rebajar hasta el mínimo nivel la calidad de nuestra democracia, al apañar y justificar con arrogancia la contratación de los hijos e hijas de diputados, senadores y hasta del vicepresidente de la República percibiendo millones sin estar cualificados para los cargos a los que accedieron sin concurso. Todos esos salarios provienen del Presupuesto General de la Nación; es decir, de los impuestos que pagan todos los paraguayos. Ese mal uso de los recursos del Estado vuelve débil a la democracia y es un obstáculo para el desarrollo económico y social del país.
