Pasa el tiempo y mientras la Justicia avanza lentamente en el caso del sistema de estafas denominado mafia de los pagarés, sigue sumando el número de víctimas. Las respuestas no llegan para las personas perjudicadas por el engaño y siguen padeciendo descuentos de salarios y pensiones, así como también las amenazas y el peligro de perder sus propios hogares.
Mientras avanzan a un ritmo lento los procesos a abogados y oficiales de Justicia, procesados en casos vinculados al escándalo de la mafia de los pagarés, a las víctimas de este esquema de estafas les resulta difícil la cotidianidad cuando a diario siguen comprobando las consecuencias de la estafa en sus vidas.
Hasta ahora, las condenas no han sido muy ejemplares. Por ejemplo, condenaron a dos años de cárcel al abogado Félix Óscar Gill, en representación de la firma Cobranzas Eficientes y Oportunas SA, para quien se suspendió la ejecución de la condena, con el pago de G. 30 millones como reparación del daño social. Igualmente, aplicaron la pena de dos años, con suspensión condicional del procedimiento a Pedro Olmedo Caro, en representación de la empresa Serfin SA, quien deberá donar G. 24 millones.
Por otro lado, el oficial de Justicia Héctor Noguera también tiene una condena de dos años de prisión, con suspensión de ejecución de la condena, quien debe donar la suma de G. 35 millones. Por último, la también oficial de Justicia Paola Vargas tiene una sentencia de dos años de pena privativa de libertad, pero con la donación de G. 24 millones, como reparación del daño social. En todos los casos, los procesados reconocieron los hechos.
La audiencia preliminar de dos ex ujieres fue suspendida, pues estos presentaron certificado médico de reposo; se trata de los ex ujieres Líder Benegas y Heber Hernán Cardozo, así como el abogado Carlos Agüero León, en representación de LAB SA.
Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició una investigación de oficio a la fiscala Alejandra Vera –hija del ex ministro de la Senad Hugo Vera–, agente fiscal de la Unidad Nº 2 de Itá, a quien se vio haciendo campaña política en 2025 para un cargo en Derecho UNA, junto a varios hoy procesados por la mafia de pagarés, y a Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto.
No obstante, mientras la burocracia judicial se mueve muy lentamente, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés sigue exigiendo justicia y un fallo ejemplar contra la impunidad.
Hace un par de meses, la Coordinadora de Víctimas había enviado una carta al presidente Santiago Peña en la que denunciaban que el esquema de estafas ya ha provocado muertes, infartos y desnutrición infantil, “mientras el Poder Judicial actúa como brazo ejecutor del despojo”.
La Coordinadora denunciaba asimismo en su misiva lo que califican como un “genocidio civil silencioso”, que está aniquilando a miles de familias paraguayas ante la inacción del estado. Las víctimas afirman que el problema ya superó el ámbito jurídico para convertirse en una tragedia humanitaria.
Reclaman al mismo tiempo el acoso de los usureros y el remate de viviendas que han derivado en casos de pérdida de vida de padres de familias, muertes por infartos debido a en estrés crónico, y niños que hoy padecen desnutrición porque el salario de sus padres está secuestrado por este esquema criminal.
El abogado Jorge Rolón Luna, quien había dado el primer paso para la denuncia pública sobre la mafia de pagarés, señalaba que los casos de estafa tienen algo en común, y es que supuestamente hacen la notificación al deudor, pero llamativamente la persona nunca está cuando se la notifica, con lo que hace que se acumule el interés, y se genera una mora artificial. Según Rolón Luna, las empresas de cobranzas, “casas de créditos, estudios jurídicos y abogados sabían lo que estaban haciendo y el alcance del esquema de estafa masiva”.
Por lo tanto, no se puede soslayar la enorme responsabilidad y el desafío para nuestro sistema de Justicia. Considerando las arbitrariedades que deben soportar las miles de víctimas, resulta inadmisible que una vez más triunfe la impunidad en nuestro país.
Al respecto, la duda ha ido creciendo al igual que la indignación e impotencia de las víctimas, sobre todo al ver, por citar solo un ejemplo, la presencia de un ujier investigado e imputado, en la plenaria del movimiento oficialista de la ANR, Honor Colorado.
