Con cuestionamientos contundentes y marcando una diferencia total entre el Ejecutivo y el Congreso, el presidente Santiago Peña vetó la ley “que crea Juzgados y Tribunales Especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar”.
El proyecto fue presentado por la senadora Lilian Samaniego y se centraba en atender una situación muy grave basada en el aumento de casos de violencia contra mujeres, pero por razones ideológicas; legisladores del cartismo tanto en Diputados como en Senado, cambiaron las palabras “mujer” y “género” y pusieron en su lugar “familia”, con lo que se desvirtuó totalmente la idea inicial, al no distinguir el “sexo” de la víctima, lo que se reconoce en el decreto de Peña.
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El documento señala como insalvable una crítica que hace el Ministerio de la Mujer en su dictamen, que indica que este proyecto desvirtúa y desnaturaliza el propósito fundamental de la normativa inicial, que respondía a la urgente necesidad de contar con juzgados especializados para abordar la violencia contra las mujeres de manera inmediata y preventiva.
“Una problemática, que como es de su conocimiento, se manifiesta de manera particular y con profundas raíces en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres”, precisa el decreto.
El proyecto podría causar un colapso del sistema judicial
El veto también adjunta el parecer de la Corte Suprema de Justicia, que incluso habla de un colapso del sistema. Apunta que el proyecto sancionado no contiene datos estadísticos que permitan determinar la posibilidad de hacer frente a la cantidad de casos que pudieran ser presentados ante juzgados y tribunales especializados en violencia dentro del grupo familiar, porque no solo se atenderá a mujeres, sino también hombres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Se mezclan además hechos de feminicidio.
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Se precisa igualmente que los datos del 2024 son alarmantes en contra de las mujeres.
“Se deja constancia, que los casos denunciados, los que son en su mayoría por mujeres, siendo ínfima la cantidad de denuncias de hombres contra mujeres, lo que requiere una atención especializada, considerando que las mujeres se encuentran en situación de riesgo”, expresa.
Finalmente, el decreto de Peña hasta hace un cuestionamiento al abordaje, porque no hay nada en el proyecto que “al menos explique la sustancial modificación” a la propuesta original.
