El gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez concedió a través del Decreto N° 5965, a TOSA, la explotación de zona franca de servicios en cercanías del puente Héroes del Chaco.
Sin embargo, apenas iniciaron las obras de construcción de un camino vecinal, Mades ya inició fiscalizaciones, porque hubo denuncias.
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Cronología de la intervención del Mades
En febrero de 2021, la primera fiscalización ambiental confirmó la alteración de cursos hídricos, es decir, el incumplimiento de la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ese sumario concluyó en noviembre de 2022, con una sanción a TOSA al pago de una multa de 300 jornales mínimos, más la obligación de adquirir certificados de servicios ecosistémicos por 40 hectáreas como medida de compensación.
Sin embargo, voceros de las veinte familias afectadas por las inundaciones, dijeron que la sanción fue irrisoria ante el daño causado, y “no hubo exigencia de remediación inmediata, ni atención a las víctimas”.
En el 2023, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, dependiente del Mades, sacó una declaración de que las actividades no deben afectar el ambiente, la salud e integridad de los habitantes, y los daños que causen a terceros en la ejecución son responsabilidad del propietario.
Ese mismo año, el Mades hizo otra fiscalización, donde se reunieron pobladores y técnicos de la empresa y hubo una apertura “para garantizar la estabilidad de terrenos y edificaciones aledañas al río”.
TOSA, en sus descargos, dijo que tienen una cañería comunicante “entre ambas márgenes del camino vecinal, que evita que se acumule agua de lluvia, en niveles que comprometa viviendas”.
También, que el camino vecinal, una vez terminado, será “de beneficio social”, con iluminación por las noches.
Sin embargo, los abogados de los pobladores, Marcos Paredes, Linda Monges y Gustavo Fernández, alegaron que esto no sucedió.
Denuncian estrategia
En octubre de 2024, se inició otro sumario a la empresa Terminal Occidental, nuevamente por presuntas infracciones a normas ambientales, ya que no se habría instalado la bomba de agua requerida para evitar las inundaciones, según se lee.
La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (AFAI) sacó dos actas de intervención en octubre de 2024, donde se verificó que había un trasvase de cañerías, de 1 metro de diámetro, que “en el momento de la constitución no se pudo observar”.
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Y la bomba usada para el desagote del agua afectado por la construcción del camino no estaba funcionando al momento de la intervención, y fue accionada manualmente.
Según los abogados, las intervenciones se hicieron cuando hubo bajante del agua, al parecer como una estrategia.
Finalmente, la jueza de Instrucción, Luz Espínola, determinó que “no se evidenciaron incumplimientos”, por lo que decidió sobreseer a la empresa TOSA, en junio de este año.
