El segundo tiempo de este Gobierno tiene una paradoja difícil de disimular: Más de USD 1.200 millones en cuentas acumuladas, en un contexto en el que los ingresos no acompañan y, peor aún, en que el gasto parece seguir inalterable. No es solo un problema de caja, sino también es, sobre todo un problema de decisiones. Cuando los ingresos se estancan, el margen de maniobra es claro: Revisar prioridades, recortar ineficiencias, ordenar la estructura del gasto. Sin embargo, nada de eso parece estar ocurriendo. El Estado sigue operando bajo una lógica expansiva, como si los recursos fueran infinitos o como si el costo político de ajustar fuera mayor que el riesgo de no hacerlo.
En ese contexto, la tan polémica frase “economía de guerra” no debería leerse únicamente como un exabrupto comunicacional. En realidad, podría interpretarse como un intento, fallido o incomprendido, de trasladar a la sociedad un mensaje incómodo: El problema no es solo cuánto se recauda, sino cómo y en qué se gasta. Poner el foco en el gasto público y en quienes lo administran implica tocar intereses, revisar privilegios y, en muchos casos, enfrentar resistencias internas. Tal vez ahí radique el verdadero costo político de aquella declaración.
Pero más allá de nombres propios, lo estructural permanece. La falta de prudencia en el gasto ha sido una constante histórica y el calendario electoral solo agrava esa tendencia. En la antesala de elecciones municipales, el incentivo a sostener o incluso aumentar el gasto es evidente. Ajustar en este contexto no solo es impopular, es políticamente riesgoso. A esto se suma otro factor menos discutido, pero igual de relevante: La dependencia de ciertos sectores empresariales del Estado. Resulta llamativo que, en un escenario de restricciones fiscales, no haya una presión más firme desde el sector privado para ordenar las cuentas públicas, por el contrario, persiste una lógica en la que el gasto estatal sigue siendo un motor, directo o indirecto, de actividad para algunos. En ese esquema, el ajuste no solo incómoda a la política, también a quienes han aprendido a operar bajo ese paraguas.
Esta combinación, bajos ingresos, rigidez del gasto y escasa voluntad de reforma, no es sostenible en el tiempo y el costo no solo será político. Postergar decisiones puede aliviar tensiones en el corto plazo, pero agrava los costos a futuro. Y cuanto más se dilate el ajuste, más abrupto y doloroso será cuando finalmente llegue.
Tampoco ayuda la experiencia histórica. El Partido Colorado, en su larga permanencia en el poder, rara vez ha sido ejemplo de buenos “segundos tiempos”. Por el contrario, es en esta etapa cuando suelen acentuarse las tensiones internas, la pérdida de disciplina fiscal y la tentación de priorizar el corto plazo por sobre la sostenibilidad. Es precisamente en este momento cuando la ciudadanía debe estar más atenta que nunca, observando no solo los discursos, sino las decisiones concretas de quienes administran los recursos públicos.
Sin cambios en la estructura del gasto, cualquier discurso de responsabilidad fiscal queda, inevitablemente, en el terreno de las palabras. Lo triste es que este equipo no tiene recambio y siempre son los mismos lo que juegan el partido, mientras que nosotros, el resto, nos toca soportarlo.
