Lo que inició como una reforma “impostergable” de la Caja Fiscal, según el presidente Santiago Peña, terminó en modificaciones que incluso diputados oficialistas califican como una “derrota” para el Ejecutivo. Al aceptar reducir la edad jubilatoria a 53 años para ciertos sectores y elevar el aporte patronal del Estado al 10%, el rigor técnico fue sustituido bajo el discurso de apaciguamiento social, pero que, en realidad, tiene una finalidad electoral. El reciente retroceso del Gobierno en el Senado, que se replicaría en Diputados, –donde tras masivas movilizaciones docentes se postergaron puntos claves y se hicieron concesiones en la edad jubilatoria– evidencia una verdad incómoda: En Paraguay, la sostenibilidad económica suele capitular ante el calendario electoral.
Con la cercanía de nuevos ciclos electorales, el oficialismo parece haber optado por evitar el costo político de una reforma estructural profunda, como ya lo hicieron otros gobiernos anteriores. Postergar el tratamiento de los puntos más espinosos o desnaturalizar el proyecto original busca neutralizar focos de conflicto con gremios poderosos, como los de los docentes y la fuerza pública, quienes ya demostraron su capacidad de paralizar servicios críticos, hace que esta reforma sea solo un parche más.
El problema es que los números no votan, pero sí cobran. El Ministerio de Economía advierte que, sin cambios reales, la Caja Fiscal costará USD 10.000 millones en la próxima década. Al “recular” hoy para ganar tranquilidad en las urnas, la clase política está hipotecando el futuro de los propios jubilados que hoy celebran las concesiones.
Esta “reculada” no es solo una falta de coraje político; es una muestra de que las instituciones paraguayas aún no logran blindar las políticas de Estado frente al populismo de corto plazo. Mientras la reforma sea un rehén de las elecciones, el déficit seguirá siendo una bomba de tiempo que el próximo gobierno o el siguiente heredará con menos margen de maniobra.
Una reforma integral de la Caja Fiscal no puede pretender sanearse exclusivamente a costa del bolsillo y los derechos de quienes trabajan. Es éticamente cuestionable que el Estado descargue el peso del ajuste sobre los funcionarios, mientras la mala gestión de los fondos, la falta de transparencia en las inversiones y el sostenimiento de jubilaciones de privilegio en otros sectores estatales permanecen intocables. Las jubilaciones vips deben acabar como una primera señal de saneamiento.
Las reformas estatales deben ser simétricas, si se exige un sacrificio al trabajador, este debe ir acompañado de una eficiencia administrativa real y del fin de las asimetrías que permiten que unos pocos se jubilen con beneficios extraordinarios mientras la mayoría ve amenazado su futuro. Cargar el déficit solo en el eslabón más débil de la cadena, sin revisar la corresponsabilidad del Estado como administrador, no es una solución técnica, es una injusticia social.
Asimismo, es fundamental subrayar la deuda histórica que el Estado tiene con quienes sostienen el sistema educativo: los docentes, que pasan más horas educando “hijos ajenos” que compartiendo con los propios. Esta entrega cotidiana implica un sacrificio personal y familiar que no puede ser ignorado al momento de legislar.
Un régimen jubilatorio que reconozca los beneficios por maternidad (como los años descontados por hijos) es una retribución justa por el tiempo de crianza cedido en favor de la formación de las futuras generaciones del país. Ignorar esta realidad al recortar sus derechos es, en esencia, castigar la vocación de servicio de quienes son el pilar del desarrollo social.
Cualquier reforma debería iniciarse con un nuevo mandato para no depender de un calendario político. Asimismo, es hora de que el Gobierno empiece a pensar en ajustes que no solo recaigan sobre la clase trabajadora, sino apretar un poco más sobre quienes se hacen multimillonarios gracias a los grande “beneficios” que les otorga el país.
