El caso del senador colorado cartista con permiso Erico Galeano no es el primero ni será el último, de lo que llamamos la narcopolítica paraguaya, pero sí es una nueva señal de gran preocupación por el avance de este viejo modelo y, por sobre todo, pone en evidencia la gran contradicción del discurso del Gobierno de Santiago Peña y todo el oficialismo colorado que se llena la boca de arengas supuestas contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La frase “el hombre es rey de su silencio y esclavo de sus palabras”, atribuida a Séneca, Aristóteles o Shakespeare, es perfectamente aplicable al pobre Peña, quien ha defendido en repetidas ocasiones al senador condenado en primera instancia a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal por sus vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
Peña no solamente defendió a Galeano varias veces, sino que también defendió a otros políticos que fueron hallados culpables por la Justicia y representaron durante años el manejo torcido de la política y la Justicia, como el caso del fallecido senador Óscar González Daher, quien por años controló el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para perseguir a fiscales y jueces honestos que molestaban a criminales, y blanqueaba a los agentes de Justicia corruptos.
Peña llegó a calificar a González Daher como “el árbol que da frutos” y al que “le tiran piedras”, pero lo que no dijo es que esos frutos eran parte de un esquema de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento, que le valieron una condena de 15 años que no llegó a cumplir a causa de su fallecimiento.
En algunos casos, Peña optó por ser el amo de su silencio o lanzó frases como “deporte, papá, otro día vamos a hablar de eso”, cuando los medios le preguntaron, en una jornada futbolera del mandatario y amigos, sobre el escándalo que desataron los chats revelados del entonces abatido diputado colorado Eulalio Lalo Gomes, que hasta ahora tienen preso a su hijo y revelan un supuesto nexo importante del fallecido parlamentario y su familia con miembros del crimen organizado en Brasil.
Los periodistas tenemos muy presente la problemática de la narcopolítica porque tenemos mártires en nuestras filas, como el caso del periodista Santiago Leguizamón, asesinado el Día del Periodista (26 de abril de 1991) de 22 balazos por sicarios, en el que aparece como señalado aunque nunca fue procesado, el “empresario de frontera” Fahd Jamil Georges, quien tuvo vínculos comerciales con el ex presidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
El conocido como “el Turco”, “el Padrino”, “el Jefe de Jefes”, “el Rey de la Frontera”, era “amigo” del dictador Alfredo Stroessner, a quien llamaba “patriota”, y también del general Andrés Rodríguez, quien también aparece señalado en informes periodísticos como involucrado supuestamente en narcotráfico.
Fahd Jamil, finalmente, cayó preso en Brasil luego de años de traficar armas y drogas y ya en un momento de decadencia de su estructura y auge del nuevo grupo que mandaría en la zona de frontera, el Primeiro Comando da Capital (PCC).
Otro caso muy presente que tenemos los periodistas es el asesinato de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, y su asistente Antonia Almada, en el que fue condenado como autor intelectual a 39 años de prisión el entonces intendente colorado de Ypejhú Vilmar Neneco Acosta.
Este fue identificado como el líder de un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana en el Departamento de Canindeyú y en 2014, se encontraron evidencias de producción de drogas en estancias vinculadas a su familia.
Estos antecedentes muestran el peligro e influencia de estos grupos enquistados en la política y mientras se los siga protegiendo desde el poder, no habrá acuerdos con Tío Sam que salven a este país.
