Parlamentarias de la República de Argentina abogan para que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) auditen la investigación fiscal sobre el caso de dos niñas de 11 años muertas el 2 de setiembre del año pasado durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“Pedimos (...) que los Estados de Argentina y Paraguay soliciten conjuntamente el concurso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, convoque a un grupo de expertos que pueda realizar ese trabajo”, expresa parte del comunicado de las autoridades argentinas.
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Explican que la CIDH, como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), busca promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente, y tanto la República Argentina como la República de Paraguay se encuentran relacionadas con dicho órgano.
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Afirman que en otros casos de complejidad similar la CIDH ha acudido al auxilio de países que solicitan y permiten su involucramiento en investigaciones específicas como la que el presente caso plantea.
Además, señalan en su declaración que el caso desde sus inicios ha sido manejado de forma insatisfactoria por parte de órganos del Estado paraguayo con declaraciones contradictorias de autoridades del Estado, el precipitado entierro y la quema de vestimentas, que no condicen con ningún protocolo vigente como en su principio se declaró. Asimismo, puntualizaron la exclusión de la familia o de autoridades argentinas durante la autopsia luego de la exhumación de los cuerpos, entre otros eventos.
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Afirman que incluso las investigaciones realizadas en el marco de una carpeta fiscal, según se ha podido relevar, no arrojan ningún resultado que lleve a suponer el esclarecimiento de lo ocurrido. Las parlamentarias mencionan que estos hechos deben ser esclarecidos, puesto que, de lo contrario, no solo se abona la impunidad, sino que se corre el riesgo de que situaciones como la descripta se repitan, dado que, según información oficial de autoridades paraguayas, el EPP tendría a más niños, niñas y adolescentes en sus campamentos.
“El Estado debe protección a estos niños, niñas y adolescentes y de ninguna manera debe abandonarlos a la suerte de estar en campamentos de grupos armados expuestos a numerosos peligros, actuando sin las medidas que lleven a proteger sus vidas e integridad física”, agregan.
El comunicado fue firmado por las diputadas nacionales Claudia Alicia Bernazza, Jimena López, Laura Russo, Paola Vessvessian y las parlamentarias del Parlasur Cecilia Catherine Britto, Elena Mercedes Corregido y Julia Perié.
Las dos niñas, que fueron registradas como argentinas, pero, según las autoridades nacionales nacieron en el Paraguay, fallecieron en un presunto enfrentamiento en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción.
