En el debate sobre las formas de gobierno, los conceptos de democracia y república son frecuentemente considerados inseparables, aunque en la práctica pueden manifestarse de manera independiente. Mientras que la democracia garantiza la participación de los ciudadanos a través del sufragio y la representación popular, la república implica un sistema de contrapesos y controles institucionales que limitan el poder de las autoridades para evitar abusos y preservar el estado de derecho.
Ese diseño de frenos y contrapesos forma parte de la ingeniería constitucional, en términos de Daniel Mendonca “La máquina de gobernar” prevista en las constituciones democráticas como el esquema de gobernanza. Este diseño formal, institucional, se complementa con los mecanismos de participación y control democráticos, el “accountability social” que se expresa en las elecciones, al momento de sufragar, pero que debe mantenerse a lo largo del mandato del gobierno electo, como actitud vigilante del mandante que delega en el mandatario electo la representación de sus intereses.
Los regímenes democráticos exitosos son aquellos que logran de efectivos en los controles y límites al poder, reforzados por una ciudadanía demandante de mejores servicios a sus representantes.
La constitución paraguaya es fiel reflejo de este anhelo de los constituyentes de conjugar la participación ciudadana (democracia) con el control, los límites y el equilibrio entre los poderes (república). El correcto funcionamiento de este diseño constitucional deriva en una institucionalidad fuerte, expresada en instituciones independientes que funcionan con reglas claras –e iguales– para todos, que evitan el abuso y la concentración de poder y preservan el interés común por sobre los intereses del caudillo o líder de turno.
El filósofo político Giovanni Sartori advertía sobre los riesgos de una democracia desbalanceada, en la que el poder, sin ser limitado, amenaza con desbordarse. Sartori argumentaba que las democracias necesitan de contrapesos que impidan que la mayoría imponga su voluntad sin considerar derechos individuales o de las minorías. En este sentido, la democracia necesita de instituciones republicanas que funcionen como frenos frente a posibles excesos.
En sistemas democráticos sin república, se corre el riesgo de que los líderes electos utilicen el respaldo popular para justificar políticas que debiliten la separación de poderes y la independencia de los órganos judiciales. Estos líderes pueden manipular las leyes y reglamentos para mantenerse en el poder o evitar sanciones, debilitando así el estado de derecho. A largo plazo, esto reduce la confianza de los ciudadanos en el sistema político y aumenta la polarización social. La deriva de estas democracias nos llevan a las autocracias competitivas de Turquía, Hungría, Venezuela, Rusia y Nicaragua.
En el Paraguay actual, vivimos una democracia –de mala calidad– con bajos niveles de republicanismo. A las debilidades crónicas del régimen político (corrupción estructural, clientelismo, impunidad) se suman algunas, típicas de los nuevos regímenes “iliberales”, concentración de poder, debilitamiento de frenos y contrapesos, ataques a la prensa y al pluralismo, combate frontal a las organizaciones de la sociedad civil, ataques a la cooperación internacional. La receta de los autoritarismos en todo el mundo. Las señales están, que las queramos asumir o no, o que, incluso, simpaticemos con ellas, es otra cosa.
En este escenario, ante la casi inexistente oposición político-partidaria y un oficialismo que pretende imponer una autocracia, lo que queda es el contrapeso desde la sociedad civil y los medios de prensa. Conscientes de eso, los autoritarios de siempre (están en el oficialismo partidario, pero también en la prensa, en el empresariado, en la sociedad toda) atacan a la sociedad civil y los medios de prensa. Ambos son un obstáculo para el poder sin límites que quieren ejercer.