24 may. 2024

Paraguay no debe permitir el retroceso en sistema democrático

Como preocupante se puede calificar el resultado del índice de democracia elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en inglés), que realiza el estudio en 167 países. De acuerdo a sus resultados, Paraguay pasó de “democracia deficiente” a “régimen híbrido” en 2021, lo cual equivale a afirmar que ha habido un retroceso en su proceso democrático. Sumado a esto, hace pocas semanas el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 ubicó a Paraguay entre los niveles más bajos a nivel mundial. Esto nos ubica en un escenario bastante delicado en el que se entremezclan la crisis económica y social generada por la pandemia del Covid-19, y las disputas partidarias por el poder dentro del partido gobernante. Los paraguayos necesitan recuperar la confianza en sus instituciones, y este es un gran desafío para la clase política.

Al evaluar los 33 años de democracia recientemente, los analistas políticos coincidían en valorar que para el Paraguay, estas más de tres décadas suponían un importantísimo logro. Esta democracia como sabemos bien conserva sin embargo numerosas deudas.

Algunas de ellas son señaladas precisamente en el informe del índice de democracia elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en inglés), que realiza el estudio en 167 países. Señala en el mencionado informe que, la deficiencia en los servicios, la desconfianza en el Gobierno y la preferencia de paraguayos por un sistema militar, degradaron la democracia en el país.

Alude asimismo al hecho de que la pandemia del Covid-19 generó una crisis en América Latina que a su vez degradó la calidad de sus sistemas, dice la investigación.

“Frustración junto con incapacidad de los gobiernos de cualquier tipo para abordar adecuadamente problemas sociales de larga data. Y los problemas económicos empeoraron con la pandemia del coronavirus. Como en años anteriores, en 2021 la región vivió protestas masivas que pusieron en riesgo la gobernabilidad”, apunta.

Paraguay, como se puede recordar tuvo también su momento de protestas masivas en las calles, en el momento más crítico de la pandemia cuando se vivió el colapso del sistema de salud

En el caso paraguayo, se destaca el intento de juicio político que vivió el presidente Mario Abdo el año pasado, y las protestas por el colapso sanitario. Sobre el punto señala el informe que: “La frustración de los paraguayos con los servicios públicos deficientes explica el bajo nivel de confianza en el gobierno y altos niveles de apoyo a líderes fuertes e incluso a un gobierno militar. Debido a esto, Paraguay fue degradado a un ‘régimen híbrido’ en lugar de una ‘democracia defectuosa’”.

Otros elementos abonan esta situación, y los mismos son mencionados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, precisamente el que ubica a Paraguay entre los niveles más bajos en corrupción, a nivel mundial: el tráfico de influencia, los conflictos de intereses, la influencia de grupos a favor de intereses particulares y el financiamiento de campañas electorales, entre otros.

Paraguay pasó de ser considerada una “democracia deficiente” a ser un “régimen híbrido”, y este retroceso en proceso democrático es preocupante para una democracia tan joven, inaugurada en el 1989 después de 35 años de una dictadura cívico-militar, la cual no ha logrado satisfacer las expectativas ni las necesidades de la ciudadanía.

Puestos a señalar los responsables, no se debe dudar en afirmar que los tres poderes del Estado tienen deudas pendientes en materia de transparencia, lo cual afecta a la percepción ciudadana de que sus intereses realmente no son representados por sus gobernantes.

El actual escenario que vivimos es delicado; la crisis económica y social generada por la pandemia del Covid-19 se mezcla en estos días con la disputa partidaria dentro de la ANR, la cual es vista por la ciudadanía como una simple pelea por el poder y no precisamente por servir a los mandantes.

Más contenido de esta sección
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.
Los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos frescos y sanos, diversificados y culturalmente apropiados. Generan oportunidades de empleo agrícola y no agrícola, y ayudan a las economías rurales a crecer. La agricultura familiar preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, y utiliza métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio climático. La agricultura familiar es fundamental para mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos de todas las familias y para reducir la pobreza en el sector rural. Dejarla en el abandono es poner un obstáculo al crecimiento sostenible, al bienestar de los hogares y al desarrollo del país.