Después de la tormenta desatada y el aluvión de cuestionamientos, el Senado revocó la polémica resolución de desdesafuero que devolvía el blindaje a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. No se debe subestimar el escándalo suscitado pues se vieron prácticamente obligados a utilizar los argumentos de destacados juristas, quienes habían sido los más encarnizados críticos a la barbaridad perpetrada.
Desde el principio los cuestionamientos apuntaron a que la decisión de aquellos 23 senadores colorados y ex opositores era inconstitucional.
El Senado había acometido una acción de dudosa legalidad; la jugada promovida por el sector colorado cartista, de rever el desafuero de tres senadores fue interpretada como una acción de soberbia y prepotencia de quien, borracho de poder, se considera con suficiente poder para atropellar la Constitución Nacional. Pero no es así como funciona una democracia, una mayoría no puede colocarse por encima de la ley.
Claramente fue un atropello a la carta magna pues, como bien había advertido el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Luis Lezcano Claude, la decisión del Senado de devolver los fueros a tres legisladores que cuentan con proceso judicial es inconstitucional; y había advertido que es “una resolución inédita que no tiene antecedentes en nuestro medio y, con seguridad, tampoco en otros países”. Asimismo había aclarado: “cuando la Cámara concede el desafuero está diciendo que está de acuerdo con que uno de sus integrantes sea sometido a un proceso penal y lo pone a disposición de la Justicia Ordinaria en cuanto a un proceso concreto, con todas las implicancias que ello supone, incluida la posibilidad de la prisión preventiva. Esto lleva directamente a forzar la independencia de los poderes.
Cuando la Cámara de Senadores restituyó los fueros de Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, el llamado procedimiento de “des desafuero” fue visto por un lado como una supuesta revancha por la falta de apoyos para quitar los fueros al expresidente Mario Abdo Benítez, investigado por la presunta filtración de datos sensibles sobre el ex presidente Horacio Cartes. Por el otro lado respondería a una aviesa intención de blindar al senador colorado-cartista Erico Galeano, y salvarlo de una condena en la Justicia. Dicho legislador está procesado por lavado de dinero y asociación criminal, en el caso A Ultranza Py, operativo que había desmontado una red de narcotraficantes. Además, incluyeron a Rafael Filizzola, con un proceso por supuesto perjuicio al Estado de cuando era ministro del Interior, y Hernán Rivas, procesado por el Ministerio Público por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Ante la gravedad de estas acciones no se debe permitir que las decisiones de la mayoría cartista en el senado permanezcan impunes. Actualmente, hay una acción de inconstitucionalidad pendiente en la Corte, presentada por el Fiscal General quien ya había calificado la acción de “nuevo blindaje”, y que la resolución que se ataca de inconstitucional e insanablemente nula, además de inaudita “… de permitirse crearía afrenta al orden constitucional”.
Lo que hoy los mismos senadores que habían aprobado el desdesafuero señalan como excusa, de que en el “fragor de la batalla, tomamos decisiones apresuradas, pero no para obstruir a la Justicia”, deberá ser castigado pues puede sentar un grave precedente.
Revertir el desafuero fue un atropello a la constitución y es un ejemplo de lo que puede hacer una mayoría parlamentaria ebria de poder. Dejar impune ese acto también puede tener muy malas consecuencias para el sistema democrático.
