La Constitución Nacional establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, con el fin de desarrollar plenamente la personalidad humana, promover la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos.
A pesar de que el artículo 74 dice que se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística, la ciencia y la tecnología, sin discriminación alguna, sabemos que esto está muy lejos de ajustarse a nuestra realidad. Prueba de ellos son las condiciones de gran precariedad a la que están condenados miles de niños y jóvenes que asisten a las instituciones educativas públicas.
De acuerdo con un reporte sobre la situación de infraestructura de las instituciones realizado por el Sindicato Nacional de Directores, hay 11.893 aulas a reparar y 249 con peligro de derrumbe, de las cuales 34 son galerías de tres o cuatro salones de clases. Paredes llenas de humedad, partes de techos derrumbados, cañerías obsoletas en los baños, goteras, carencia de muebles escolares, sin baños adecuados, apenas letrinas o locales sin energía eléctrica, estas son las condiciones en las que acuden a aprender nuestros niños, quienes soportan esta situación porque la clase política es incapaz de anteponer los intereses de la mayoría por encima de los suyos propios.
Según el ministro de Educación, Luis Ramírez, son necesarios cerca de USD 500 millones en los próximos tres años para lograr una reparación completa de al menos mil escuelas por año, y al mismo tiempo brinda una cátedra sobre la desigualdad al visitar una exclusiva institución educativa privada que cuenta con todo aquello de lo que carecen los niños que acuden al sector público y es para ellos una utopía: bibliotecas, laboratorios, acceso a internet, aulas seguras, amplias, baños y espacios adecuados para la práctica de deportes.
La educación constituye un enorme desafío para el Gobierno, pues debe administrar una crisis que además de las precariedades físicas se extiende todavía mucho más allá y abarca a todo el sistema educativo. Se trata del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), el que revela que los estudiantes paraguayos obtuvieron en Matemáticas, Lectura y Ciencias puntuaciones inferiores al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que Paraguay ocupa el puesto 80, el penúltimo entre los países evaluados.
Es sumamente grave el hecho de que los estudiantes paraguayos no tengan comprensión de lo que leen; lo que a su vez sucede porque precisamente tienen escasa práctica de la lectura. Esto además nos ofrece la dimensión de nuestra gravísima situación, pues sabemos bien que la lengua es la herramienta con la que se desarrolla el intelecto.
Este examen PISA exhibe al mismo tiempo el progresivo aumento de la brecha de conocimiento entre estudiantes de los sectores público y privado. Esta brecha habla, pues, de que el principio constitucional de igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística no se cumple en la Paraguay.
Necesitamos autoridades y funcionarios que trabajen para mejorar la calidad de la educación de los niños y adolescentes paraguayos, no solamente para que los techos de las escuelas no sean peligrosos y que dispongan de agua potable y baños adecuados, sino también que los maestros reciban una buena formación: para que los contenidos y la calidad de la educación pública consigan ayudarnos a superar las desigualdades que hoy excluyen a millones de paraguayos de una vida digna.
