24 jun. 2024

Urge mejor control para evitar el lavado en las cooperativas

Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.

En la última asamblea de socios de la Cooperativa San Cristóbal fueron presentados los resultados financieros y se pudo mostrar la pérdida de casi USD 8 millones en su cartera de ahorros, la disminución de USD 1,1 millones de su patrimonio, así como también la disminución a poco más de 14 mil asociados de los 77 mil que tenía. La crisis es el resultado de los hallazgos tras la operación A Ultranza Py, en la que el entonces presidente de la entidad, Juan Carlos Ozorio, había sido detenido e imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal.

El ex diputado colorado es investigado por sus vínculos comerciales con los esquemas liderados por los hermanos Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y el pastor José Insfrán. Presuntamente, Ozorio permitía poner en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas del clan Insfrán, como también a políticos cercanos a su entorno, como Basilio Bachi Núñez. En el caso del senador colorado, este había alegado que era una persecución política, después de que el Incoop divulgara un informe en el que mostraba una deuda de más de G. 1.000 millones a la que accedió sin tener capacidad de pago. Ozorio también fue procesado por –presuntamente– haber gestionado la matrícula de un helicóptero que fue adquirido para las actividades ilícitas de la organización criminal.

Con relación a la operación A Ultranza Py, hace pocos días, el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak acusó y pidió el juicio oral para Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, presunto líder de un megaesquema criminal que operaba a nivel internacional y que habría involucrado a personas del ámbito futbolístico, autoridades y funcionarios públicos. En la acusación se revela que Tío Rico lideraba una red conformada junto con sus hermanos, al mismo tiempo, estaba en el esquema de Sebastián Marset y un último núcleo extranjero. Los tres grupos colaboraron para introducir a nuestro país cargas de clorhidrato de cocaína, provenientes de Bolivia, que después eran enviadas al exterior, Europa y África. A los esquemas de Insfrán y Marset se sumaron altas autoridades que hoy tienen procesos abiertos, como es el caso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, imputado por tráfico internacional de drogas, asociación y lavado de dinero y el actual senador Erico Galeano, identificado más tarde por –supuestamente– estar al servicio del grupo criminal.

Última Hora ha venido publicando parte de conversaciones que obran en la carpeta fiscal y que establecen los lazos de amistad del ex diputado Ozorio y sus nexos con la organización criminal. Gracias a este contacto, Miguel Insfrán, alias Tío Rico, a través de sus hermanos y personas de confianza, logró poner en circulación dentro de la Cooperativa San Cristóbal las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, según la acusación, y por medio de varias transacciones insertaron en el sistema financiero legal en total G. 24.376.402.486.

Que la Cooperativa San Cristóbal fue asaltada por un grupo criminal e inficionada, absolutamente no caben dudas, pero no se debe dejar de lado en esta situación la responsabilidad de las instituciones que deberían estar velando por la transparencia de las gestiones y también por los intereses de los socios de esta cooperativa. Es bien sabido que asociarse a una cooperativa fue durante décadas la única opción para de alguna manera “bancarizarse” que dispone la clase trabajadora e incluso los pequeños emprendedores. Precisamente, por esta razón, el Estado debería afinar los sistemas de control.

Al mismo tiempo, no se puede perder de vista que, en el Paraguay, no solamente está en juego nuestro sistema democrático ante el embate del narco y el crimen organizado, sino también nuestro territorio y nuestra soberanía.

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