Si el programa se implementa tal como está diseñado, pero con cambios en la gestión de las compras públicas, una mayor participación de la comunidad educativa y una reducción de la corrupción e impunidad, los resultados se verán en el corto plazo. Una mayor prioridad fiscal es impostergable si, además, aspiramos a una cobertura universal durante todo el ciclo lectivo, con mejores niveles de desarrollo y bienestar a nivel nacional.
Las escuelas brindan una oportunidad única para fomentar la buena nutrición y el desarrollo adecuado de los niños y los adolescentes. La escuela es un lugar de aprendizaje donde interactúan quienes influyen en las percepciones, las prácticas y los hábitos de los niños; por lo cual, es un entorno ideal para fortalecer los objetivos de un país que busque una vida larga y saludable de su población.
Todos los países ubicados en los primeros lugares de desempeño educativo y económico cuentan con programas de alimentación escolar. El programa escolar europeo apoya la distribución de leche, frutas y hortalizas, y forma parte de un programa para reducir el consumo de alimentos procesados debido al aumento del sobrepeso y la obesidad.
Los almuerzos escolares en Japón incluyen sopas, verduras, pescado, carne y arroz, cocinados en el lugar con ingredientes frescos e integrales. Todos los estudiantes reciben la misma comida y ellos participan en la preparación de las mesas, en ir a buscar comida a la cocina de la escuela, servir y limpiar como parte de un programa de valoración de alimentos y convivencia armónica.
Un programa de alimentación escolar pensado integralmente impulsa la inclusión económica y el desarrollo local a través de dos vías. Por un lado, al ser las mujeres las principales responsables de la gestión de los alimentos en los hogares, el desayuno y almuerzo en la escuela permiten reducir horas de trabajo no remunerado y una mayor dedicación al remunerado. Por otro lado, vincular el programa de alimentación escolar a la agricultura familiar genera ingresos en las fincas, impulsa el desarrollo local y reduce la pobreza.
Desde una perspectiva económica, la alimentación escolar tiene altos retornos en el mediano y largo plazo. La permanencia en la escuela y los mejores logros en el aprendizaje mejoran los ingresos laborales en la juventud y adultez, reducen la pobreza en todas sus formas y aumenta el producto interno bruto, con lo cual, también los ingresos tributarios. Todo esto, sin considerar el impacto económico en el corto plazo de la mayor inserción laboral de las mujeres y de la agricultura familiar.
Ser miserables o austeros en el programa de alimentación escolar o pretender reducir recursos dirigidos a salud, educación, ciencia y tecnología para financiar termina teniendo un saldo neto cero, ya que, por un lado, el Estado invierte en un instrumento del desarrollo, pero reduce la inversión en otros. Las ganancias de un lado se pierden en otro.
Tal como se está planteando el proyecto y su financiamiento desde el Gobierno, no solo es incompleto y pierde la oportunidad de mejorar integralmente las condiciones de educabilidad y de impulsar a la economía en conjunto, sino que, además, genera una conflictividad contraproducente para el consenso que requiere una aspiración como esta.
Aprobar una ley es el primer paso y este gobierno lo puede hacer al tener mayoría. Pero ni siquiera es necesaria. El marco legal actual permite cumplir los objetivos deseados. El desafío es la implementación oportuna y eficiente, y eso solo se logra con el compromiso de las autoridades nacionales, locales, departamentales y la auditoría ciudadana, especialmente de la familia y la comunidad, la participación activa de la comunidad educativa y de las fincas de la agricultura familiar en la producción.
