El crecimiento genuinamente rápido (6%) y dos mejoras en el grado de inversión en el último año dan cierta credibilidad a estos tiempos dinámicos. Por otro lado, durante casi dos años, ningún ministerio ha tenido seguridad sobre cuánto y cuándo podrán disponer de los montos asignados por el Presupuesto General de la Nación. Afecta hasta los ministerios de mayor importancia electoral (Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social) e incluso los programas del propio Ministerio de Economía. El Estado ha acumulado enormes deudas con proveedores privados de infraestructura y con su programa estrella Hambre Cero. Con esta incertidumbre, ningún programa público ni proveedor privado puede planificar u optimizar el uso de sus recursos financieros y humanos. El resultado paradójico y sumamente irracional es la ‘deuda flotante’ del Estado contrastada con la baja ejecución presupuestaria de sus carteras. En noviembre de 2025, semanas antes del cierre del ejercicio fiscal, casi el 25% del presupuesto permanecía sin ejecutar.
La renuncia del ministro de Economía –y su declaración de que la buena economía ha sido mala para el Fisco, obligando a una “economía de guerra”– manifiesta esta paradoja. Ha dejado a los paraguayos comunes preocupados por su futuro y profundamente escépticos frente al gobierno.
¿Qué explica esta contradicción? Todo gira en torno al compromiso del gobierno de limitar el déficit fiscal anual a 1,5% del PIB como señal de credibilidad frente a inversionistas extranjeros. La apuesta del gobierno es que actores financieros interpreten esta medida como evidencia de responsabilidad fiscal y menor riesgo de default, y que con el tiempo presten en guaraníes, a plazos largos y tasas bajas. Este nivel de confianza en el Estado paraguayo sería efectivamente un paso hacia la soberanía financiera que disfrutan pocos países –Estados Unidos, Japón y la Eurozona– que se endeudan mayoritariamente en sus propias monedas y tienen mercados financieros globalizados profundos. Esto les permite definir con autonomía sus políticas de tipo de cambio y tasas de interés, respondiendo a sus intereses internos mientras también atraen inversión financiera extranjera.
En el resto del mundo, cuando la capacidad de pago de deuda externa entra en duda –como ha ocurrido cíclicamente en Argentina–, el gobierno debe subordinar los intereses de los trabajadores y empleadores domésticos a los intereses financieros extranjeros (a través de alzas de tasas de interés) o entrar en default y arriesgarse a perder acceso al capital extranjero.
En este contexto, actores como Valdovinos pueden estar genuinamente intentando ganar credibilidad internacional y conquistar condiciones para el crecimiento a largo plazo. Gran parte de los medios han sido rápidos en aceptar esta versión de la historia, tomando por sentado la necesidad de austeridad fiscal e interpretando la renuncia del ministro como una derrota de la tecnocracia del gobierno por el populismo del Partido Colorado. Pero hay una pregunta que esos titulares no hacen: ¿Para quién funciona realmente este modelo en un país donde la riqueza ya es extremadamente concentrada?
La propiedad de activos financieros (acciones, bonos, carteras bancarias) como de activos físicos (tierra agrícola, bienes inmobiliarios) es extremadamente concentrada en Paraguay. En estas condiciones, es casi inevitable que en el corto plazo, nuevos flujos de inversión financiera inflen el valor de estos activos, enriquezcan sus dueños y empeoren la desigualdad de riqueza. Esto plantea una pregunta: ¿estamos presenciando una estrategia de mejoramiento de la soberanía financiera paraguaya o una estrategia de extractivismo financiero que privilegia a los actores financieros sobre el desarrollo a largo plazo?
La segunda no es una hipótesis descabellada, dados los estrechos vínculos entre el gobierno actual y los bancos posicionados para intermediar nuevos flujos financieros. Los mismos individuos que elaboraron la “economía de guerra” construyeron sus fortunas en los bancos que ahora se benefician de la financiarización que promueven.
Responsabilidad fiscal o fetichismo del déficit
La verdadera responsabilidad fiscal significa no solo gastar dentro de lo recaudado, sino también invertir en aspectos que generan crecimiento –incluida, según las multilaterales, la inversión social–. En un país dependiente de la exportación primaria y la importación de bienes de consumo y de inversión, expuesto a riesgos climáticos y de precios, también significa invertir en diversificar la economía. Esto requeriría reformas profundas para un Estado plagado de clientelismo, con capacidad limitada para diseñar e implementar políticas de crecimiento y capturado por una élite que margina a la industria y abandona a los trabajadores en la informalidad.
Sin embargo, el gobierno colapsa la responsabilidad fiscal en un fetiche del “tope del déficit”, exponiendo a ministerios y empresas privadas a pagos impredecibles, obstaculizando inversiones cruciales para el crecimiento económico y el desarrollo social. Pero para que los inversores especulativos traigan el “dinero caliente”, no necesitan creer que el crecimiento sea sostenible. Solo necesitan creer que cuando el crecimiento se desplome (por sequía, picos de precios de los fertilizantes u otro motivo), ellos serán los primeros en ser pagados, a cualquier costo político o social. Por esa razón, las reformas orientadas a la financiarización no suelen poner poder en las manos de la gente común, sino de una élite financiera “técnica” con fatales conflictos de interés.
Nada revela mejor esta lógica que la explicación oficial de la actual crisis fiscal: la caída del dólar. Es cierto que, si los ingresos de Itaipú están denominados en dólares, un dólar más débil significa menos guaraníes para el Tesoro. Pero este encuadre es engañoso. Primero, ignora la otra cara. Un guaraní más fuerte reduce el costo de la deuda en dólares, abarata bienes de capital para inversión y aumenta ingresos reales de los consumidores. La alarma selectiva del gobierno –destacando el golpe a los ingresos mientras ignora el alivio de la deuda– revela una preferencia por la austeridad que se disfraza de necesidad.
Segundo, la explicación ignora una vulnerabilidad más profunda. Paraguay sigue siendo una economía primaria cuya salud fiscal depende de precios de materias primas y de un tratado de 1973. Esto no es señal de metas fiscales laxas, sino de una base de ingresos demasiado estrecha y volátil. La solución no es redoblar topes de gasto, sino enfrentar el problema estructural que sucesivos gobiernos han evitado: Paraguay recauda apenas el 11% del PIB en impuestos, menos de la mitad del promedio regional. Una política fiscal seria priorizaría aumentar esa participación. En cambio, el gobierno ha fetichizado el tope del déficit mientras deja intacta la base de ingresos y el presupuesto perpetuamente expuesto al próximo shock externo.
Dinero caliente, desarrollo frío
Casi todos –gobierno, medios, incluso la oposición– han aceptado que la inversión financiera extranjera es el camino al desarrollo y que la austeridad es su precio. Esta premisa merece escrutinio. La inversión de cartera (el “dinero caliente”) es fundamentalmente diferente de la inversión física que construye fábricas y capacita trabajadores. Puede llegar e irse en días. Infla activos de quienes ya los poseen, pero no crea nueva capacidad productiva. Los países que transformaron sus economías –desde Alemania de posguerra hasta Corea del Sur, y Vietnam contemporánea– no lo hicieron arrimándose a especuladores extranjeros, sino a través de inversión pública dirigida y política industrial.
Un debate serio pondría nuevos impuestos sobre la mesa. Si Paraguay quiere diversificarse y mejorar su productividad laboral, necesita inversión pública masiva en infraestructura, educación y salud. La elección no es entre disciplina fiscal y gasto imprudente. Es entre una disciplina estrecha que sirve a intereses financieros y una responsabilidad fiscal genuina que invierte en el futuro productivo del país.
