Juan se despierta todos los días a las cuatro de la mañana. A los 63 años, el cuerpo ya no responde como antes, pero no tiene alternativa. En una esquina del Mercado 4 acomoda, con cuidado, las frutas que venderá en el día. Lleva más de cuarenta años trabajando así. Jamás tuvo seguro médico, nunca firmó un contrato y en ningún momento aportó para una jubilación. Cuando alguien le pregunta qué hará cuando ya no pueda trabajar, solo responde: “Mba’e jajapóta. Dios manté dirá”.
Paraguay exhibe cifras económicas que invitan al optimismo. El crecimiento ronda el 6% al cierre del 2025 y el discurso oficial endulza (principalmente los oídos de inversionistas extranjeros) con el cuento de la estabilidad macroeconómica y progreso.
Sin embargo, ese avance no llega a todos. Detrás de las cifras macroeconómicas hay rostros concretos excluidos, vidas marcadas por la informalidad, la precariedad y la ausencia de derechos.
Más de 1,5 millones de personas trabajan en Paraguay sin aportar al Fisco ni al sistema jubilatorio. Paradójicamente son la mitad de la fuerza laboral que sostiene la economía del país, la de todos los días, y aún así quedan fuera del mismo sistema que debería protegerlos.
María, con sus 38 años, trabaja como empleada doméstica. Es madre soltera y vive en un barrio popular de una ciudad de Central. Cobra por día y no goza beneficios.
Vive sin aguinaldo, sin vacaciones, sin cobertura médica previsional y sin jubilación. Si se enferma, no cobra. Si no la llaman, no come. O sea, el Paraguay del “más plata en tu bolsillo” no existe para ella.
Las estadísticas son crudas. Nueve de cada diez personas dedicadas al trabajo doméstico están en la informalidad. María no sabe de macroeconomía paraguaya, pero palpa en carne propia lo que significa vivir al límite. Su ingreso apenas alcanza para no caer bajo la línea de pobreza, fijada por una canasta básica risible de cerca del millón de guaraníes (según el INE), de esa línea invisible que separa la subsistencia de la exclusión total.
Es cierto que la pobreza monetaria bajó levemente, según datos del INE del 2024. Sin embargo, 1,2 millones aún vive bajo la línea de pobreza, con ingresos per cápita incapaces de financiar una canasta básica de consumo de unos 900 mil guaraníes.
Según el Gobierno, programas sociales como Tekoporã, el almuerzo escolar (Hambre cero) y la pensión universal para adultos mayores evitaron que poco más de 200 mil paraguayos cayeran en la indigencia.
Estas políticas son necesarias y sirven para construir un piso, pero no un techo. Alivian temporalmente, pero no cambian la raíz del problema. Y tampoco deben servir como un acto meramente proselitista, de clientelismo político o de caridad pública, sino una política que busque garantizar derechos reales.
En este Paraguay con “doble grado de inversión”, irónicamente la informalidad sigue siendo la norma, no la excepción.
Afecta especialmente a jóvenes, de zonas rurales y a adultos mayores. Es así que en el campo, en la construcción o en el comercio, 1,5 millones trabaja en la informalidad, sin derechos algunos. Y cuando llega la vejez, aparece la sorpresa: de más de 700 mil adultos mayores de 60 años, alrededor de 200 mil de ellos no tienen jubilación ni pensión alguna.
Entonces, en un país que crece gracias a una potente fuerza laboral informal, envejecer sin ingresos garantizados es una condena silenciosa. Paraguay no es un país pobre, y pese a su gran potencial de crecimiento, sigue siendo una nación desigual y excluyente. Crece, produce, exporta. Pero no cuida a quienes realmente lo sostienen con su trabajo cotidiano.
Mientras Juan trabaje en el Mercado 4 sin saber su futuro o María viva con el miedo de caer en la pobreza, el crecimiento será una cifra vacía. No basta celebrar el aumento del PIB si una parte de la población envejece en la pobreza y la incertidumbre. El desarrollo real empieza cuando nadie queda excluido.
