La versión de la reforma de la Caja Fiscal aprobada por la Cámara de Diputados llega al Senado con concesiones políticas y ajustes que distan de la propuesta técnica original. Sin embargo, para el Ministerio de Economía el proyecto mantiene una reducción significativa del ritmo de crecimiento del gasto previsional, estimada en torno al 60%, en los próximos cinco años y comenzar a corregir distorsiones que desde hace décadas presionan las finanzas públicas.
Entre los avances más relevantes del texto aprobado sobresale uno que, paradójicamente, fue también el más resistido: La fijación de una edad mínima de jubilación de 57 años con al menos 25 años de aportes para varios sectores. La medida generó un fuerte malestar, particularmente en el magisterio nacional, con amenazas de futuros paros. Sin embargo, sostener este punto resulta fundamental para la sostenibilidad del sistema. Ceder en la edad mínima habría significado perpetuar uno de los factores estructurales del déficit previsional, con jubilaciones tempranas, beneficios elevados y largos periodos de pago a cargo del Estado
El proyecto también introduce cambios en las tasas de sustitución, el cálculo del haber jubilatorio sobre promedios más extensos y un esquema gradual de aportes del Estado, además de mayores contribuciones de los afiliados según la situación financiera de cada sector. Esto es un intento de acercar el sistema paraguayo a parámetros más sostenibles, sin eliminar las particularidades sectoriales que aún persisten.
También quiero señalar que el proceso legislativo dejó nuevamente a la vista el pobre debate en Diputados. Tanto oficialistas como opositores centraron gran parte de la discusión en posiciones populistas y en discursos dirigidos a audiencias sectoriales, más que en propuestas técnicas orientadas a corregir el déficit de la Caja.
Es cierto que el proyecto pudo haberse debatido con mayor profundidad para mejorar su diseño, pero cuando la intención es el rédito electoral y solo se presentan propuestas sin sustentos técnico, el resultado no solo empobrece la calidad del debate público, sino a que, a mi parecer, es una pérdida de tiempo y dinero de todos los contribuyentes. La situación de la Caja Fiscal no es nueva, ni sorpresiva, ha ocupado titulares de portada, análisis especializados y páginas enteras de periódicos durante más de una década. Pretender desconocimiento frente a un problema ampliamente documentado y discutido refleja la falta de preparación frente a uno de los principales desafíos fiscales del país. Cualquier actor público mínimamente comprometido con la situación ha tenido a su alcance abundante información, estudios y evaluaciones publicados.
El proyecto representa un paso necesario para solucionar el problema previsional estructural que está lejos de perfectas ni inmediatas. Pretender una reforma integral y definitiva en un solo paquete legislativo puede resultar políticamente inviable y menos en un año electoral. Por ello, el Senado debe avanzar, aunque las medidas sean graduales, parciales o incompletas. La reforma previsional no debe terminar con esta ley ni convertirse en un episodio aislado, sino en el inicio de un proceso continuo de modernización del sistema. Cada ajuste que reduzca distorsiones, fortalezca los ingresos y modere el crecimiento del gasto contribuye a evitar que la Caja se transforme en una carga insostenible para las próximas generaciones.
