Una vez más la Itaipú Binacional salió al paso del proyecto de ley que busca otorgar siderales indemnizaciones a los ex obreros de la misma entidad que reclaman desde hace varios años. En una conferencia de prensa, el director paraguayo de la Binacional, Manuel María Cáceres, manifestó que la propuesta para el pago es inviable y que, en caso de ser aprobada, solicitaría su inconstitucionalidad.
“Estas decisiones se toman en el Consejo de Administración, conformado por ambas márgenes, por lo que una decisión unilateral que obligue a una de las partes a realizar este desembolso es inviable”, aseveró el titular de Itaipú del lado paraguayo en la ocasión.
Asimismo explicó que no corresponde que la normativa sea aplicada, debido a que los ex obreros no tuvieron una relación laboral directa con la binacional, ya que se trató de contratos tercerizados con empresas.
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En ese sentido, Cáceres aseguró que la institución cuenta con las Notas Reversales aprobadas por los Congresos tanto de Paraguay como de Brasil, las cuales dejan sin efecto cualquier corresponsabilidad.
También recordó que la indemnización afectaría a dos años de aportes al Estado en concepto de royalties, sustentando lo que ya había sido señalado por el Ministerio de Hacienda, que además de observar impedimentos financieros, también consideró inconvenientes jurídicos y sociales para su aplicación.
Finalmente, Manuel María Cáceres adelantó que en caso de que el proyecto de ley sea promulgado por el Poder Ejecutivo, la Itaipú Binacional procedería a solicitar que se declare de inconstitucional.
Óscar Llamosas, titular del Fisco, explicó días pasados que el Gobierno no puede decidir sobre los ingresos de la Itaipú Binacional sin el visto bueno de Brasil y recordó que los tratados internacionales están por encima de cualquier ley.
En cuanto al aspecto financiero, alertó que con los millonarios pagos el Estado dejaría de recibir fondos provenientes de royalties y Fonacide por al menos dos años, considerando que en los últimos ejercicios fiscales se recibieron alrededor de USD 500 millones en ambos conceptos.
Sobre los problemas sociales habló también el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, quien enfatizó que con recursos de la binacional se financian los presupuestos de los municipios y gobernaciones, proyectos de infraestructura, así como programas de educación, becas y niñez, entre otros.
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Son unos 15.000 los ex trabajadores de la entidad que podrían ser beneficiados con las indemnizaciones, por un monto que llega a los USD 940 millones, aunque la lista podría ser depurada. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción por parte del Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para su estudio.
No obstante, en esta última instancia, las bancadas coloradas que son mayoría ya anunciaron el rechazo a la normativa, mientras que desde el Ministerio de Hacienda señalaron que en caso de contar con una sanción en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo otorgaría el veto.
