La Corte Suprema de Justicia suspendió en octubre del año pasado sin goce de sueldo a los camaristas de Alto Paraná Isidro González, Aniceto Amarilla y Miriam Meza por el arresto domiciliario otorgado a un ex policía, que en agosto pasado fue condenado a 10 años de encierro por el abuso sexual de su hijastra.
El padre de la víctima se encadenó este lunes en el Palacio de Justicia para exigir la destitución de los que revocaron la prisión preventiva, que siguen suspendidos y con medio sueldo, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá tratar este martes el caso de los mismos.
El pasado 6 de mayo se confirmó la condena de 10 años para el policía acusado por coacción sexual, violación y abuso sexual en niños.
De acuerdo con los antecedentes, había violado a su hijastra en varias ocasiones desde que tenía 9 años hasta los 12 años de edad.
Motivo de suspensión a camaristas
La suspensión de los camaristas se dio como consecuencia de que los mismos revocaron la prisión preventiva dictada en contra del ex policía, que en agosto pasado fue condenado a 10 años de encierro por el abuso sexual de su hijastra de 3 años.
Según habían explicado en su momento, en agosto del año pasado, el ex policía cumplió tres años, dos meses y varios días con prisión preventiva, cuando la pena mínima es de tres años.
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Con ello, le habían dado el arresto domiciliario, citando incluso jurisprudencia de la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, en agosto pasado, el Tribunal de Sentencia que juzgó al acusado, Evangelina Villalba, Alba Meza y Óscar Genez, tras la condena, decretaron nuevamente la prisión preventiva.
Tanto la condena como la prisión preventiva fueron apeladas por la defensa. Es así que la medida cautelar fue revocada, teniendo en cuenta que el procesado ya había cumplido la pena mínima, con lo que se restituyó el arresto domiciliario.
Los nombres de la víctima, familiares y del supuesto autor se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.
