La plataforma ciudadana Defendamos Asunción amplió hoy la denuncia presentada el pasado 28 de abril contra personas innominadas por corrupción, en la que se apunta a la Administración del intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
En la ampliación de la denuncia de hoy mencionaron las supuestas incoherencias documentales sobre la Cuenta Única de la Municipalidad de Asunción, un tema denunciado por la diputada Johanna Ortega.
La legisladora detectó la existencia de documentos contradictorios sobre la Cuenta Única en la que se depositaron fondos de bonos que debían usarse solo en infraestructura, pero hoy se desconoce su destino. Para la organización, esta denuncia de Ortega refuerza las sospechas de falsificación de documentos y lesión de confianza (art. 192 del Código Penal).
Los integrantes de la plataforma consideran que la figura de la Cuenta Única es “una norma que ha abierto la puerta al desvío de fondos” para obras.
En la nueva denuncia “se suman nuevos hechos que comprometen la transparencia y el orden jurídico. Incoherencias documentales y cuestionamientos gravísimos sobre la Cuenta Única”, dice un comunicado firmado por el abogado y desarrollador inmobiliario Enrique Wagener, en representación de la plataforma ciudadana.
El abogado referenció que con la excusa de la Cuenta Única se mezclan los fondos de seguridad social, los préstamos y los recursos para obras, lo que deja como resultado un desorden financiero absoluto en la Administración de la institución municipal. A su criterio, “se prostituyó el financiamiento municipal”.
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La acción se formalizó hoy a las 08:30 en la sede central del Ministerio Público. Posteriormente a la denuncia, el abogado Wagener informó que “el Ministerio Público dio inicio al trámite de la denuncia presentada el 28 de abril y ampliada hoy 9 de junio”.
Sostiene que “el intendente debe renunciar, no por cuestiones políticas, sino porque hizo mal su trabajo”, avasallando las leyes y la Constitución Nacional.
Cuenta Única, bajo la lupa
La denuncia hace foco en irregularidades documentales en torno a la cuestionada Cuenta Única municipal, cuya reglamentación fue duramente criticada por la diputada Johanna Ortega, citada ahora como testigo clave.
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En la primera denuncia, que se centra en la gestión desde el 2021 hasta el 2024, se adjuntaron 200 pruebas, entre ellas un informe de la Contraloría General de la República (CGR), las irregularidades en el uso de los fondos del Fonacide, el caso de jubilados que no cobran su pensión y la mala utilización del impuesto inmobiliario.
La ampliación de la denuncia se da en medio de las protestas de los funcionarios que denuncian atrasos en el cobro de salarios.
